Las designaciones que recién hizo la Asamblea Nacional del fiscal general de la República y de la defensora del pueblo (integrantes del Poder Ciudadano y, por tanto, del Consejo Moral Republicano) parecieran despejar las dudas sobre si en nuestro país efectivamente habrá una transición política gradual con reconciliación y elecciones libres, como el paso final de la hoja de ruta diseñada por el tutelaje. Aunque las agresiones por policías y colectivos a los participantes de la marcha de los trabajadores del jueves 9 de los corrientes parecen enviar un mensaje claro: continuará la represión.
De acuerdo con un informe –del 26 de marzo último– de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, en Venezuela dichos nombramientos habrían de basarse en el mérito y la integridad demostrados. Tal reporte aseveró que: “Venezuela debe iniciar una nueva etapa y nombrar a los mejores perfiles que cumplan con los criterios requeridos para ocupar estos puestos clave. Como medida mínima, todas las personas contra las que existan denuncias creíbles de conducta incompatible con las normas de derechos humanos, especialmente aquellas que hayan tenido autoridad para tomar decisiones relacionadas con la criminalización, las detenciones arbitrarias y la tortura, no deben ser preseleccionadas ni nombradas hasta que se lleve a cabo una investigación independiente y exhaustiva de esas denuncias. Ambas instituciones deben ofrecer resultados para la sociedad en su conjunto, pero especialmente para las víctimas de violaciones de derechos humanos y abusos de poder. Con este fin, el primer paso debe ser un proceso de selección transparente y objetivo y el nombramiento de personas cuya independencia, competencia y compromiso sean reconocidos por toda la sociedad venezolana”.
Sin embargo, en nuestro país existe ausencia de disposiciones legales precisas que establezcan incompatibilidades claras, exclusiones por militancia partidista activa y otros mecanismos estrictos para garantizar la independencia de los aspirantes, lo cual ha permitido que, en los últimos cinco lustros, personas con marcada tendencia política hayan ocupado esos cargos, subordinando a esos organismos a intereses partidistas y utilizándolos como armas contra sus adversarios políticos.
Por su parte, la Constitución de la República estatuye en términos generales los requisitos requeridos para ser fiscal general de la República: ser venezolano por nacimiento, de reconocida honorabilidad, jurista de reconocida competencia, gozar de buena reputación, haber ejercido la abogacía durante un mínimo de 15 años y tener título universitario de posgrado en materia jurídica o haber sido docente universitario en alguna rama de la ciencia jurídica durante un mínimo de 15 años y tener la categoría de profesor titular, haber sido juez superior en la jurisdicción penal, con un mínimo de 15 años en el ejercicio de la carrera judicial y ser de reconocido prestigio en el desempeño de esas funciones (arts. 263 y 284).
Mientras que para ser defensor del pueblo: venezolano (por nacimiento o por naturalización), mayor de 30 años, con manifiesta y demostrada competencia en materia de derechos humanos y cumplir con las exigencias de honorabilidad, ética y moral que establece la ley.
En cuanto a los requisitos de honorabilidad, ética y moral, el Código de Ética de las Servidoras y los Servidores Públicos (Gaceta Oficial N° 40.314, del 12-12-2013) se refiere a: la honestidad (sinónimo de honorabilidad) como la condición de tener probidad y honradez, lo cual excluye cualquier comportamiento en desmedro del interés colectivo (art. 4); y como reñidos con la ética pública y la moral administrativa, los hechos que cometan contrarios a los principios de honestidad, decoro y transparencia, entre otros (art. 9).
A la par de esos requerimientos, una exigencia de rango constitucional (art. 145), quizá la más importante, es que los nombramientos de dichos altos funcionarios públicos –que deben servir a la población y no a parcialidad alguna– no pueden estar determinados por la afiliación u orientación política que tengan los aspirantes. Sin embargo, la escogencia del fiscal general y del defensor del pueblo de entre uno de los integrantes de cada terna obtenida corresponde a la Asamblea Nacional, mediante el voto favorable de las 2/3 partes de sus diputados (art. 279 de la CRBV).
Así las cosas, en la actual Asamblea Nacional, que está conformada por 277 diputados principales (de los cuales 253 pertenecen al PSUV), hacen las 2/3 partes (o mayoría calificada): 185 diputados. De tales guarismos es precisamente de donde han surgido esas nuevas designaciones, para más incertidumbre de quienes aspiramos a un cambio radical del rumbo ético, político, económico y social del país.
En nuestra modesta opinión, siendo que la “jugada estaba cantada”, de las listas finales de más de 69 candidatos para ambas titularidades que fueron publicadas por el Comité de Postulaciones, se cuestionó públicamente la idoneidad técnica de la mayoría y entre ellos figuraron inclusive jueces y fiscales destituidos y sancionados por motivos éticos, exministros, exdiputados y otros actores políticos de reconocida militancia con los partidos del gobierno y de la “opoficción arácnida”. Incluso, el propio presidente de la Asamblea Nacional había reconocido notoriamente que: “en dichos listados también había algunos malandros que se quisieron colar”.
En definitiva, no pasaron de tres en las distintas listas de candidatos quienes efectivamente poseían las credenciales necesarias y que además contaban con el aval y respaldo académico y político del país. Magaly Vásquez, Nelson Chitty La Roche y Renée Moros Tróccoli figuraban entre esos pocos.
Con todo, el pasado 9 de abril, pese a las múltiples demandas de defensores de derechos humanos y académicos del país para escoger a un fiscal general y un defensor del pueblo independientes e idóneos, lo previsible ocurrió: el chavismo propuso y ratificó al abogado Larry Devoe como fiscal general de la República, mientras que para el cargo de defensor del pueblo, el PSUV no hizo propuesta y sí lo hizo el vocero de Fuerza Vecinal para apoyar el nombre de la exconsultora jurídica del Consejo Nacional Electoral, Eglée González Lobato, quien resultó designada.
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