27 años de Trago Amargo. Cuando nació esta columna, en julio de 1999, Venezuela votaba la integración de una Asamblea Nacional Constituyente. Eran tiempos de fervor, de esa clase de entusiasmo que no solo moviliza, sino que además parecía anestesia colectiva. El mesianismo apenas comenzaba a asomar y la devoción por Chávez entraba en su fase más seductora: la del enamoramiento político, donde las promesas abundan y las preguntas sobran.
Fue en ese clima donde empezó a instalarse, con la solemnidad de una verdad revelada, el llamado socialismo del siglo XXI. Una utopía —como suelen ser todas en su fase inicial— presentada como posible bajo determinadas circunstancias que, curiosamente, nunca terminaban de precisarse. Poco después, el Foro de São Paulo ofrecía algo más concreto: una agenda, una hoja de ruta, una declaración de intenciones que aspiraba a proyectar el socialismo más allá de las fronteras nacionales. Todo esto coincidía, no por casualidad, con corrientes globalistas que desde Europa venían planteando la necesidad de desmontar las estructuras tradicionales del orden político.
El resultado no fue exactamente una doctrina coherente, sino algo más funcional: un mecanismo de poder. Porque si algo permite concluir la experiencia —esa que tristemente siempre llega tarde, pero llega— es que el socialismo, más que una ideología, ha operado como una estructura de dominación política y social que requiere condiciones específicas para consolidarse.
La primera de ellas es la polarización. Ningún proyecto de control prospera sin dividir previamente a la sociedad, y para ello pocas herramientas han sido tan eficaces como la lucha de clases. Un concepto que, pese a su evidente anacronismo, conserva una capacidad casi poética para simplificar la realidad. De pronto, la pobreza dejó de ser un fenómeno complejo para convertirse en una ecuación elemental: existe porque existen los ricos. Como si el mundo aún estuviera detenido en algún punto entre la Francia revolucionaria y los tratados más rudimentarios del siglo XVIII.
En ese relato, el empresario dejó de ser un agente económico para convertirse en un villano moral. Poco importaba si invertía, arriesgaba, generaba empleo o sostenía estructuras productivas: su éxito era suficiente evidencia de su culpabilidad. Pero la narrativa no se limitó a señalar; avanzó, como siempre ocurre, hacia la acción. La empresa debía ser “recuperada” para los trabajadores, una idea tan atractiva en el discurso como desastrosa en la práctica.
El desenlace es conocido, aunque a menudo se narre en voz baja. No fueron los trabajadores quienes terminaron controlando los medios de producción, sino el poder político, que encontró en la expropiación una herramienta extraordinariamente útil para consolidar su dominio. Mientras tanto, quienes supuestamente serían beneficiados descubrieron una verdad incómoda: siempre es posible estar peor.
En paralelo, se desarrollaba otro frente, menos visible pero igual de decisivo: el adoctrinamiento de las nuevas generaciones. Particularmente de aquellas más proclives a adoptar causas globales sin pasar por el filtro de la realidad inmediata. En este terreno, el socialismo mostró una notable capacidad de adaptación, incorporando elementos del globalismo y del llamado wokismo: la igualdad entendida como uniformidad, la proliferación de identidades, ciertas versiones del feminismo desprovistas de matices, el aborto como bandera política y una noción amplia —y convenientemente ambigua— de justicia social.
El problema no radica tanto en los conceptos como en su utilización. Cuestionarlos se convirtió, casi automáticamente, en una forma de deslealtad contemporánea. Quien disentía era rápidamente clasificado: derechista, ultraderechista o, en su versión más útil, fascista. La precisión conceptual nunca fue un requisito; bastaba con la etiqueta, aunque nada se comprendiera de tales concepciones.
La educación, como era previsible, se transformó en el terreno más fértil para esta siembra ideológica. Universidades, movimientos sociales y estructuras partidistas comenzaron a reproducir, con distintos matices, un mismo marco narrativo. El resultado es una generación que, con frecuencia, protesta con intensidad por conflictos lejanos mientras convive, con sorprendente normalidad, con problemas mucho más cercanos y urgentes.
Para lograr este efecto, no fue necesario innovar demasiado. Bastó con recurrir a una herramienta antigua y probada: la propaganda. Joseph Goebbels, cuya influencia trasciende con inquietante facilidad las barreras ideológicas, dejó principios que hoy se aplican con disciplina. La simplificación del discurso, la repetición constante y la creación de enemigos funcionan con la misma eficacia de siempre. En Venezuela, la evolución del lenguaje político es ilustrativa: de “majunches” a “terroristas”, y de allí a “fascistas”. Un ascenso semántico que no describe realidades, sino necesidades narrativas. Peligrosamente, hay un espejo que con las mismas técnicas se usa en un extremo de la oposición.
En este esquema, los mitos cumplen un papel fundamental. El primero, y quizá el más persistente, es que el socialismo ha fracasado porque nunca se ha aplicado correctamente. Una idea que resulta tan conveniente como inverificable. El fracaso es constante, pero siempre atribuible a factores externos, errores circunstanciales o desviaciones del modelo original. Nunca al modelo en sí, o el legado, si prefieren.
La historia, sin embargo, ofrece una lectura menos indulgente. A lo largo de distintos contextos y épocas, los resultados han sido notablemente consistentes. Desde sus versiones más moderadas hasta sus expresiones más radicales, el socialismo ha mostrado una dificultad estructural para generar prosperidad sostenida sin sacrificar libertades fundamentales. Pero la idea de la “mala implementación” permite mantener viva la promesa, como si se tratara de un experimento eternamente inconcluso.
El segundo mito, repetido casi con la cadencia de una leyenda, es el de los países nórdicos como ejemplos de socialismo exitoso. La imagen es potente: sociedades ordenadas, prósperas e igualitarias que confirmarían la viabilidad del modelo. La realidad, sin embargo, es menos épica. Estos países funcionan sobre economías de mercado abiertas, con un profundo respeto por la propiedad privada y marcos institucionales sólidos. Su estado de bienestar no sustituye al mercado; se financia gracias a él.
No es socialismo en el sentido clásico, sino una forma de capitalismo con altos niveles de redistribución. Como bien sintetizó Milton Friedman, “no existe tal cosa como un almuerzo gratis”. Todo beneficio tiene un costo, aunque a veces se disfrace lo suficiente como para pasar desapercibido.
A estas alturas, la evidencia resulta difícil de ignorar. Durante años, el socialismo logró sostenerse más en la narrativa que en los resultados, más en la promesa que en la experiencia concreta de quienes lo vivían. Pero la realidad, a diferencia de las ideas, tiene una obstinación poco negociable. Hoy comienza a abrirse paso, con más lentitud que entusiasmo, una conclusión que parecía postergada: las doctrinas políticas no pueden sobrevivir indefinidamente de espaldas a los hechos. Y cuando lo intentan, el costo no es teórico, sino profundamente humano.
La gente —esa entidad abstracta tan invocada en los discursos— no aspira a la utopía. Aspira, en términos mucho más simples, a vivir mejor. Y en ese cálculo, cada vez más evidente, el socialismo ha dejado de ser una promesa para convertirse en una advertencia.
No se trata de un despertar súbito ni universal, pero sí lo suficientemente extendido como para incomodar a quienes aún confían en que, esta vez, la historia será indulgente. La realidad, sin embargo, tiene una costumbre persistente: no adaptarse a las consignas. El socialismo ha fracasado, como siempre lo hará.
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