Venezuela atraviesa hoy lo que algunos voceros oficiales insisten en llamar un “nuevo momento político”. Desde la asunción de la presidencia interina por parte de la doctora Delcy Rodríguez, tras los convulsos eventos que marcaron el inicio de 2026, el discurso gubernamental ha intentado girar hacia una narrativa de «apertura», «responsabilidad económica» y un supuesto pragmatismo que busca, en teoría, sanar las heridas del pasado. Sin embargo, para el ciudadano de a pie, aquel que aún guarda en su memoria el eco del 28 de julio de 2024, las preguntas superan con creces a las promesas.
Hablar de una nueva etapa política exige, por definición, un ejercicio de honestidad que vaya más allá del maquillaje financiero. No se puede construir un edificio democrático sobre un terreno donde la voluntad soberana fue ignorada.
El 28 de julio de 2024 no fue simplemente una fecha electoral; fue el día en que millones de venezolanos, de todos los estratos sociales y rincones del país, decidieron transitar una ruta distinta, otorgando un mandato legítimo al Dr. Edmundo González Urrutia. Ignorar ese hito es ignorar el ADN del conflicto actual.
El actual Gobierno interino pretende hoy presentarse como el «bombero» de un incendio cuya propagación ayudó a alimentar durante años desde las más altas esferas del poder. Resulta, cuando menos, contradictorio hablar de un «nuevo comienzo» cuando los métodos de control político y las estructuras que sostuvieron la crisis permanecen intactas.
La crisis humanitaria, con una pobreza extrema que asfixia a la mayoría de los hogares y un éxodo que ha separado a millones de familias, no es un fenómeno meteorológico; es el resultado de un modelo que hoy intenta lavarse la cara sin pasar por el filtro de la justicia y la alternancia real.
Un verdadero «nuevo momento» para Venezuela no nace de un decreto ni de una gira diplomática; nace del reconocimiento de los errores y, sobre todo, de la validación de la soberanía popular. La estabilidad política que el país reclama a gritos solo será posible a través de un gran acuerdo nacional que incluya a todas las fuerzas vivas: desde la oposición liderada por el presidente electo González Urrutia, María Corina Machado, los distintos partidos políticos de oposición que acompañaron al presidente electo, dirigente de la talla de Enrique Márquez hasta los sectores de la sociedad civil y gremios que han resistido en la sombra.
La reconciliación no es sinónimo de amnesia. Los venezolanos somos pacíficos, pero nuestra memoria es larga. Exigimos una transición que no solo cambie la fachada de Miraflores, sino que restablezca el Estado de derecho y la rendición de cuentas.
Mientras la narrativa del «nuevo momento» sea solo una maniobra de supervivencia para garantizar la permanencia del mismo esquema de poder, estaremos ante una oportunidad perdida.
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