Jesús Manuel Martínez, murió bajo custodia estatal tras ser detenido por participar como testigo electoral en las elecciones del #28julio, en las que el presidente Nicolás Maduro fue reelecto, según publican las redes sociales y medios de comunicación.
La oposición y organizaciones de derechos humanos, en Instagram y X, aseguran que la falta de atención médica y las condiciones inhumanas en las que estuvo recluido habrían sido las causas de su muerte.
Martínez fue arrestado el #29julio, un día después de los comicios, por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Desde entonces, habría sido maltratado en las celdas en el estado Anzoátegui, donde, según la opositora María Corina Machado, y padeció una severa falta de higiene, lo que le ocasionó necrosis en ambas piernas.
Debido a sus condiciones de salud —diabetes tipo II y problemas cardíacos—, se solicitó su traslado a un hospital, petición que fue negada durante meses, alegando que se necesitaba autorización de «superiores en Caracas», indican en algunos post.
Condiciones infrahumanas
Según la denuncia de la líder de Vente Venezuela, las autoridades mantuvieron a Martínez en condiciones higiénicas deplorables, provocándole graves complicaciones de salud. Finalmente, tras múltiples peticiones y denuncias, fue llevado al hospital Luis Razetti, donde los médicos decidieron amputarle ambas piernas. Martínez falleció en medio del procedimiento, lo que ha generado indignación y reclamos de justicia.
La oposición venezolana y organizaciones de derechos humanos han denunciado en repetidas ocasiones la falta de atención médica para presos políticos, catalogándola como una violación a los derechos humanos.
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) recordó que negar atención a detenidos «conlleva responsabilidad individual para quienes deben brindarla». Esta situación ha sido señalada como un método de represión contra opositores.
«La violación del derecho es sistemática«
La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los considerados presos políticos en el país, aseguró que hay una «sistemática» violación del derecho a la defensa en el país, donde -denunció- a los detenidos después de las presidenciales del #28julio se les ha impedido designar a un abogado de confianza.
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El presidente de la ONG, Alfredo Romero, indicó en rueda de prensa que el sistema procesal penal y la Constitución establecen como «principio fundamental» que las personas puedan escoger a su abogado pero que, hasta el momento, a todos los detenidos en la crisis poselectoral -desatada luego de la reelección de Nicolás Maduro- se les ha «impuesto» un defensor público.
Asimismo, denunció que estas personas desconocen los motivos por los cuales han sido detenidas y tampoco han tenido acceso a sus expedientes.
Según el Foro Penal, hay 1,976 «presos políticos» en Venezuela, de los cuales 1,848 fueron detenidos tras las presidenciales
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