Las alcabalas, en teoría, son un mal necesario. O al menos eso nos han vendido con la solemnidad de quien ofrece una verdad revelada. Bajo el noble principio de la prevención —o la necesidad puntual de perseguir infractores y capturarlos con mayor facilidad—, esos puntos de control en ciudades, carreteras y autopistas deberían ser sinónimo de seguridad, de orden, de Estado presente.
Pero hagámonos las preguntas que nadie en el poder quiere escuchar, esas que incomodan porque sobran de realidad: ¿qué ocurre cuando el ciudadano, en lugar de sentirse protegido, siente desconfianza pura y dura hacia los funcionarios apostados en una alcabala?, ¿Qué debemos evaluar cuando el sentido original se distorsiona hasta parecer un mecanismo diseñado no para proteger, sino para afectar más al ciudadano de bien que al transgresor de verdad?, ¿Las eliminamos o las reacondicionamos? Complicado el tema, sí. Pero no tanto como para no decirlo claro, sin eufemismos ni paños tibios.
No se trata de cuestionar uno de los tantos mecanismos de prevención que pueden usar los cuerpos de seguridad en el ejercicio legítimo de sus funciones. Nadie está pidiendo el caos ni la anarquía. Se trata, en cambio, de señalar con nombre y apellido la distorsión y la perversión que algunos de esos lugares han adoptado como modelo de negocio, como fuente de ingresos paralelos, como mecanismo de supervivencia institucional.
Aquí no vale la generalización fácil ni el discurso maniqueo: es cierto que hay verdaderos delincuentes uniformados —y las redes sociales lo han documentado hasta el hartazgo, con videos que dan vergüenza ajena y rabia contenida—, pero también hay funcionarios que, a pesar de los padecimientos salariales, la falta de dotación y el abandono sistemático, no sucumben a la corrupción y se mantienen firmes en hacer lo correcto, en cumplir con el deber sin pedir nada a cambio. El problema no es la alcabala en sí; el problema es lo que se ha convertido, la metamorfosis de un instrumento de seguridad en una máquina de recaudación informal.
La raíz de todo este desastre tiene un nombre que pocos quieren pronunciar: descomposición institucional. Cuando a los funcionarios no se les castiga con severidad, sino que simplemente se les expulsa o se les aplica una amonestación escrita o verbal en casos de faltas graves, se envían dos mensajes devastadores que corroen desde adentro cualquier institución. Primero: que toda falta, aunque sea grave, solo tendrá una sanción equivalente a no ver televisión o no salir al recreo, un castigo simbólico que no duele, que no escarmienta, que no enseña.
Segundo, y peor aún: los funcionarios que hacen bien su trabajo y se manejan con honestidad pierden todo sentido del estímulo, porque cala el mensaje de la indiferencia ante lo correcto, la idea de que el esfuerzo no vale la pena, que la integridad es un lujo que nadie recompensa.
Luego vienen esos shows circenses en los que se le quitan las insignias a un funcionario corrupto como si fuera un ritual de purificación. Tienen poco valor cuando son el efecto de las redes sociales y, por tanto, de la opinión pública, y no de una investigación y escrutinio permanente sobre las actuaciones de los cuerpos de seguridad. Como premisa casi universal, triste pero cierta: casi siempre que se sanciona a un funcionario, se hace porque un caso toma viralización, porque hay un video que corre como pólvora, porque la indignación colectiva obliga a actuar.
Por eso tenemos medidas de naturaleza infantil como «permitir» grabar los procedimientos, como si fuera un favor que el Estado le hace a la ciudadanía. Ha sido esa ridícula salida oficial la que ha logrado descubrir la depravación, la que ha puesto al descubierto lo que todos sabían, pero nadie decía. Todo en manos de la gente, insisto. El Estado, mientras tanto, hace de comparsa, de testigo silencioso que solo actúa cuando el escándalo es insoportable.
La Policía Nacional Bolivariana debe dejar de existir. Suprimirse. Extinguirse. Y erigirse como ejemplo cabal de todo lo que debemos combatir, de lo que no queremos volver a ver jamás. Rescátese de sus filas lo poco que aún tenga valor: los funcionarios honestos, los que todavía creen en el servicio público. Pero empecemos por lo más elemental: el nombre. Toda institución que lleve “bolivariano” como apellido debe ser erradicada, porque en la práctica deshonra al Libertador, porque reduce un legado histórico a una marca partidista, a un sello de propaganda.
Policía Nacional sería un nombre adecuado, aunque sabemos que cambiar una denominación no basta: el cambio real exige mucho más que rebautizar. Formar nuevos funcionarios debe hacerse bajo los preceptos de excelencia e integridad que, precisamente hoy, son lo más escaso en ese cuerpo de seguridad, lo que se busca con lupa y no se encuentra. Hasta la forma de hablar de la mayoría de los funcionarios es deficiente, cargada de muletillas y modismos que denotan falta de formación, un lenguaje que no inspira confianza ni autoridad. Y eso no es un detalle menor: la manera en que se habla revela cómo se piensa y cómo se actúa.
También hay que decirlo con claridad: la llamada Universidad Nacional de la Seguridad (Unes), ha fracasado en su visión y objetivo fundacional, que era formar funcionarios probos y auténticamente comprometidos con la ley y el deber. Los ejemplos saltan a la vista, incluso en la manera de expresarse de estas nuevas generaciones de graduandos.
Desconozco el perfil de los docentes y si todos cumplen con estándares de calidad y excelencia; del mismo modo, debo poner en duda si a los alumnos o aspirantes a funcionarios se les aplican pruebas psicotécnicas rigurosas que permitan perfilar de antemano los desafíos formativos de la institución. Y la lógica es simple: cada vez que un funcionario actúa mal, atenta contra todo lo que lo llevó hasta allí, desde la insignia hasta su proceso de aprendizaje. Y tantos casos no pueden ser sino un alarmante indicador de la mala calidad del semillero.
Finalmente, el problema de las alcabalas es solo un síntoma. Es la fiebre de una enfermedad más extendida y compleja que irradia a todos los cuerpos de seguridad del Estado, que contamina cada rincón del aparato represivo del poder. El problema más grave en todo este panorama es que no pareciera existir voluntad política para corregir, para atacar la raíz del mal, para reconstruir desde los cimientos. Solo aparecen, de vez en cuando, algunos paños tibios que calman a la ciudadanía por momentos: anuncios que suenan bien, pero que no se sostienen, medidas que se quedan en el papel.
Imagínense cómo estamos de mal, que la presidenta anuncia la eliminación de las alcabalas en las ciudades y la ciudadanía celebra con recelo, con escepticismo, con esa mezcla de esperanza y desencanto que solo se aprende después de años de decepciones. Terrible. Cuando el ciudadano celebra con escepticismo la eliminación de un mecanismo de control, algo está profundamente roto. No es cinismo; es experiencia acumulada, es la memoria de años viendo cómo lo que debía proteger se convirtió en amenaza, cómo lo que prometía seguridad se transformó en extorsión.
Es la historia de un país que ha normalizado lo anormal, que ha aceptado como inevitable lo que debería ser inaceptable. Y mientras no haya voluntad real de reconstruir desde los cimientos —con castigos severos que duelan de verdad, con formación seria que no sea un trámite, con nombres que no ofendan la historia ni la inteligencia—, las alcabalas seguirán siendo lo que hoy son: un recordatorio de que, en este país, hasta lo que debería salvarnos puede convertirse en lo que nos condena, en lo que nos recuerda cada día que el Estado, más que protector, puede ser depredador. Y esa es, quizás, la tragedia más silenciosa y devastadora de todas.
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