A pesar de los cambios en Venezuela a partir del 3 de enero, el sistema político sigue siendo autocrático. Antes de esa fecha, se vivía una autocracia cerrada en su fase más severa. Desde entonces, se han registrado variaciones tímidas en la conducta del oficialismo; circunstancia que no constituye en sí misma una transición democrática, pues esta comporta la restitución plena de las garantías políticas y constitucionales como antesala indispensable de cualquier proceso electoral.
Si bien la mesa técnica y política paritaria (Asamblea Nacional 2015-2025) fue instalada a comienzos de agosto, no se puede afirmar que estemos en plena transición, pues persisten serias limitaciones a las libertades públicas y a los derechos humanos fundamentales. La existencia de presos políticos, exiliados, persecuciones y hostigamiento a la sociedad civil desmiente tal premisa.
Por otra parte, las reformas económicas en hidrocarburos y minería no han generado confianza para la inversión ni alivio en la población; las condiciones de vida continúan deteriorándose. Asimismo, el reciente y polémico acuerdo petrolero con Estados Unidos parece favorecer más los intereses de Washington que los nacionales, aunque guardamos la expectativa de impactos favorables en el corto plazo. Pese a las penurias, la convicción cívica nos mantiene erguidos y firmes en la exigencia de reinstitucionalización y comicios generales transparentes.
La ruta hacia elecciones libres y justas requiere la designación de un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y un Consejo Nacional Electoral (CNE) independientes, junto con las reformas legales pertinentes. Debemos asumir que serán instancias temporales orientadas a facilitar la justicia y la legitimación de las autoridades. Resulta imperativo un enfoque de integridad y transparencia que permita depurar el Registro Electoral Permanente (REP) y garantice el derecho al sufragio tanto en el territorio nacional como en el exterior, donde cerca de cinco millones de compatriotas permanecen excluidos, a los que se suma una cifra similar de jóvenes no inscritos en el país.
Hablar con responsabilidad de fechas demanda cumplir estas tareas previas. Con un informe final previsto para final de año, podrá estructurarse un cronograma con etapas y compromisos verificables. Conforme a las normas internacionales de convocar con al menos seis meses de antelación, los comicios viables se proyectarían para el segundo semestre del próximo año.
Entre tanto, la conciencia histórica de la oposición, la unidad democrática y la articulación política serán determinantes para alcanzar los objetivos republicanos de Venezuela que nos inspiran y mantienen de pie.
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