Hay errores que marcan generaciones. Otros, más peligrosos, se repiten con disciplina casi cultural.
En 1998, Venezuela no eligió simplemente a un presidente: optó por una narrativa de ruptura. De un lado, Hugo Chávez, un militar golpista que ofrecía refundar la República mediante una constituyente, con más épica que precisión programática. Del otro, Henrique Salas Römer, con experiencia comprobada en gestión pública y resultados verificables. Sin embargo, la decisión colectiva no privilegió la evidencia, sino la expectativa.
Aquella elección fue menos un ejercicio de evaluación racional y más un acto de desahogo político. La ciudadanía, agotada por la degradación de los partidos tradicionales —marcada por la falta de liderazgo, incoherencias persistentes y pérdida de credibilidad—, canalizó su frustración en una propuesta que prometía cambio sin detallar sus costos ni mecanismos. Así, la emoción sustituyó al criterio y el rechazo se convirtió en motor electoral inmediato.
Ese contexto no solo explica el resultado; lo hace comprensible, aunque no menos costoso.
Tres décadas después, los elementos estructurales de aquella crisis permanecen vigentes. La política venezolana continúa evidenciando déficits similares: organizaciones debilitadas, liderazgos fragmentados, escasa preparación técnica y desconexión con las dinámicas sociales. A ello se suma una ciudadanía más escéptica, pero no necesariamente más exigente en términos de calidad política y rendición de cuentas.
En ese terreno, el resurgimiento de lógicas mesiánicas no resulta una anomalía, sino una consecuencia.
El respaldo a María Corina Machado debe interpretarse dentro de ese marco. Más que una adhesión programática, representa la acumulación de un rechazo profundo al oficialismo y también a los fracasos de la oposición. Pero convertir ese rechazo en criterio de selección implica reproducir el mismo patrón que ya demostró sus límites.
La construcción de una figura presentada como ruptura absoluta, acompañada de una narrativa de pureza política, simplifica peligrosamente la complejidad del país. Al observar su entorno, emergen señales que ameritan atención: fanatismo, reducción del debate a esquemas binarios y una progresiva sustitución del pensamiento crítico por la adhesión incondicional. La historia reciente ofrece suficientes advertencias que no deberían ser ignoradas nuevamente.
Porque el problema de fondo no radica en los nombres, sino en la lógica que los sostiene. Cuando la política se reduce a consignas, cuando la lealtad sustituye a la deliberación y cuando la esperanza se construye sin anclaje en planes verificables, el resultado suele ser institucionalmente precario.
La experiencia de 1998 ilustra ese punto: una sociedad que, ante el colapso de su sistema político, delegó su expectativa de cambio en una figura cuyo principal capital era el descontento. La ausencia de una visión de Estado coherente no fue un detalle menor, sino una señal ignorada.
Hoy, frente a un nuevo ciclo de expectativas, la exigencia debería ser distinta. No basta con representar el rechazo; es indispensable articular una propuesta integral de país, con viabilidad política, económica e institucional. La reconstrucción nacional no admite atajos discursivos ni simplificaciones peligrosas.
Persistir en la idea de que cualquier alternativa es válida por oponerse al statu quo no solo es un error analítico: es una renuncia a la responsabilidad ciudadana. Los vacíos de criterio suelen ser llenados por liderazgos que privilegian la adhesión sobre la institucionalidad y el control democrático.
Venezuela enfrenta, una vez más, una disyuntiva que trasciende nombres y coyunturas: seguir reaccionando desde la frustración o asumir la tarea más compleja de construir una cultura política basada en evaluación rigurosa, exigencia de resultados y defensa institucional.
De lo contrario, la reincidencia dejará de ser advertencia para convertirse en un rasgo estructural de nuestra historia política contemporánea.
