En 1951, Mario Briceño Iragorry publicó Mensaje sin destino, un ensayo que hoy, a la luz de los acontecimientos que sacuden nuestra geografía, se lee más como una profecía sombría que como una advertencia histórica. En aquel entonces, don Mario diagnosticaba una «crisis de pueblo» caracterizada por el desarraigo y una peligrosa dependencia de la renta petrolera que, a su juicio, nos desconectaba de la tierra y de nuestra memoria. Mientras otros veían en el crudo el motor del progreso, Briceño Iragorry advertía que, sin una identidad nacional sólida, la riqueza del subsuelo solo traería facilismo, consumismo y la sustitución de nuestros valores por esquemas foráneos.
Hoy, esa advertencia adquiere una vigencia escalofriante. La actual coyuntura política, marcada por la captura de Nicolás Maduro y las declaraciones de la administración de Donald Trump sobre la posibilidad de anexar a Venezuela como el estado número 51 para controlar sus reservas, materializa el peor temor del ensayista: la aniquilación total de la soberanía nacional a cambio de la explotación de los recursos. El petróleo, lejos de ser la palanca de desarrollo que soñamos, se ha convertido en el imán de una codicia geopolítica que pretende reducir nuestra nación a una mercancía transaccional controlada desde Washington.
La realidad actual supera cualquier ficción colonialista. La premisa de que los costos de la intervención militar del 3 de enero se paguen directamente con la extracción de nuestra riqueza natural bajo el mando de empresas energéticas norteamericanas, despoja al venezolano de su derecho inalienable a la autodeterminación. Si en 1951 lamentábamos la adopción de costumbres extranjeras, una virtual anexión o tutela política forzada desmantelaría por completo el tejido identitario que aún nos queda, diluyendo nuestra historia en una dinámica institucional ajena.
Ante este escenario de incertidumbre absoluta, surge la pregunta colectiva: ¿qué hacer? ¿Cómo rescatar la soberanía y la democracia cuando el territorio mismo parece estar en subasta? La respuesta no puede ser una simple elección apresurada ni la sumisión pasiva ante un nuevo administrador. El rescate de Venezuela exige, de manera perentoria, un Gran Acuerdo Nacional.
Es imperativo impulsar una Junta de Gobierno de Transición de base amplia, donde las universidades, los partidos políticos, los movimientos sociales, el sector productivo y la institución militar se unan bajo un solo propósito: la preservación de la República. Esta instancia no debe ser un reparto de cuotas, sino un consenso patriótico para gestionar la urgencia humanitaria y restablecer el orden constitucional, garantizando que el control de nuestra riqueza permanezca en manos venezolanas. Solo a través de este bloque de unidad nacional podremos sentarnos ante la comunidad internacional, no como un protectorado derrotado, sino como una nación libre que exige respeto a su integridad.
El mensaje de Briceño Iragorry no puede seguir vagando sin destino. Este es el momento de que encuentre puerto en la voluntad de cada ciudadano. Debemos decidir, aquí y ahora, si permitiremos que el desmembramiento de nuestra soberanía sea el capítulo final de nuestra historia, o si seremos capaces de construir, sobre los acuerdos y el consenso, el camino de regreso hacia nuestra propia dignidad. La soberanía no es un activo contable para pagar deudas de guerra; es la piel de la patria, y defenderla es la única vía para que Venezuela vuelva a ser dueña de su futuro.
