La reciente evolución de los acontecimientos políticos desde inicios de este año ha generado una enorme ola de expectativas sobre el futuro económico de Venezuela. El Gobierno de los Estados Unidos ha diseñado un plan estratégico dividido –como se sabe– en tres etapas consecutivas. Sin embargo, la viabilidad de esa ruta técnica se encuentra en un terreno sumamente frágil.
Un riguroso informe político publicado por el prestigioso instituto británico Chatham House, titulado “El plan de EE UU para Venezuela no funcionará sin el Estado de derecho”, lanza una advertencia científica contundente: el crecimiento económico prometido y la paz social serán imposibles de alcanzar si no se realizan reformas judiciales estructurales y profundas.
Este documento de política pública, que se basa en conversaciones con un grupo de expertos que incluye juristas venezolanos e internacionales, diplomáticos, académicos de transiciones democráticas y democratización, y representantes de la oposición venezolana, presenta recomendaciones para dar pasos graduales e integrados hacia la consecución de la reforma del Estado de derecho en la Venezuela posterior al 3 de enero.
El documento argumenta que debe establecerse sin demora un proceso de negociación y seguimiento, con la participación comprometida de Estados Unidos, el gobierno interino venezolano, las organizaciones multilaterales, las misiones diplomáticas, los inversionistas y las empresas, y la sociedad civil nacional.
La investigación de Chatham House señala un error de diagnóstico crítico en la estrategia actual: la tendencia a concentrar las prioridades y las reformas legales exclusivamente en el sector extractivo e hidrocarburos. Aunque la Asamblea Nacional aprobó reformas en ese sentido este mismo año, estas han sido insuficientes para cubrir las expectativas de los expertos e inversores, al mantener aún una amplia discrecionalidad gubernamental en regalías y licencias que fomenta el favoritismo.
Limitar el enfoque económico a los recursos no renovables pone en riesgo al país de perpetuar una economía rentista que excluye a la gran mayoría de la sociedad y deja subcapitalizadas a las demás áreas productivas, debido al alto riesgo político y legal percibido por los inversores. Para revertir la destrucción del 80 % del PIB registrada entre 2014 y 2021, la economía necesita expandirse de forma diversificada, lo cual depende directamente de la protección de la propiedad privada y de los derechos contractuales.
El principal obstáculo para el éxito del plan no es técnico, sino la falta de independencia de los poderes públicos venezolanos que frena la lucha contra redes de crimen transnacional, la minería ilegal y el narcotráfico. Sin un sistema de justicia transparente que actúe como contrapeso, la desconfianza ciudadana y la conflictividad social irán en aumento, ahuyentando cualquier posibilidad de inversión.
Para romper este estancamiento, Chatham House plantea que el eje central de la transición debe ser la negociación inmediata de un “pacto de reforma internacional y doméstico” público. Ese acuerdo político debe establecer de manera explícita la causalidad científica entre la reforma judicial y el progreso socioeconómico, proporcionando así el blindaje político necesario frente a los inevitables conflictos con los intereses creados que dominan las instituciones.
La propuesta medular para materializar este convenio consiste en la creación de un comité interino e independiente integrado por juristas prominentes, tanto nacionales como internacionales. Dado que tanto el gobierno interino como la Asamblea Nacional siguen bajo el control dominante del partido del Gobierno, un proceso de renovación judicial tradicional resultaría inservible en todo plazo.
Por ello, este consejo de juristas asumiría provisionalmente la tarea de evaluar, auditar y remover las credenciales de los funcionarios judiciales y fiscales no complacientes con los estándares éticos, además de nominar y confirmar de forma interina a jueces y autoridades de seguridad, basándose estrictamente en el mérito profesional.
El “pacto de reformas internacional y doméstico” debe estructurarse bajo un esquema de incentivos y condiciones internacionales muy claras. La liberalización de las sanciones económicas aplicadas por Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá desde 2019 –así como los mecanismos de su restablecimiento automático– debe estar indisolublemente vinculado al avance o retroceso real en las metas institucionales fijadas en el pacto.
Por otra parte, la flexibilización e intermediación de las deudas en default del país –estimadas entre 150 y 170 millardos de dólares– frente a los tenedores de bonos deben ser condicionadas. Si bien el Fondo Monetario Internacional reanudó relaciones oficiales con Venezuela en abril de 2026, cualquier programa de financiamiento multilateral y reingreso a los mercados mundiales de capital exigirá planes creíbles de autonomía del Banco Central, transparencia fiscal integral y la publicación auditada de datos macroeconómicos.
Finalmente, para que el pacto judicial posea legitimidad cívica, el gobierno interino debe asumir el compromiso ineludible de liberar a la totalidad de los presos políticos, cooperar con los organismos técnicos de Naciones Unidas y abolir las legislaciones que asfixian el espacio civil y la libertad de expresión, en especial la denominada “Ley Simón Bolívar”.
La ciencia política aplicada a las transiciones demuestra que el optimismo ciudadano es un recurso con fecha de vencimiento. Datos de Gold Glove Consulting de enero de 2026 reflejan que un 83 % de los venezolanos se siente optimista sobre el futuro del país, pero un 68 % exige elecciones presidenciales este mismo año y un 58 % percibe que la seguridad no ha mejorado desde el 3 de enero. En un país donde el 73 % de la población ya vivía bajo la línea de pobreza en 2024, la incapacidad para generar empleo formal y responder a las demandas sociales puede desatar una inestabilidad que devore los pocos y superficiales avances macroeconómicos alcanzados desde el inicio de la transición.
La recuperación de Venezuela no dependerá de la inyección mágica de recursos petroleros, sino de la edificación urgente de un andamiaje legal confiable a través de este gran acuerdo nacional; porque definitivamente, sin Estado de derecho, la transición será tan solo una ilusión sobre el papel.
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