La Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde este lunes al gobierno de Donald Trump para proceder con la revocación de las protecciones legales especiales que amparan a más de 300,000 inmigrantes venezolanos en el país, reseñó El Diario.
La decisión permitirá que los funcionarios puedan avanzar en la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado durante la administración Biden, en medio de un proceso judicial que continúa en tribunales inferiores.
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En tal sentido, el tribunal superior aceptó una solicitud urgente presentada por el gobierno estadounidense, lo que significa que las acciones para revertir la extensión del TPS para venezolanos pueden seguir adelante.
La orden fue breve y señaló que la jueza progresista Ketanji Brown Jackson habría rechazado previamente una petición similar, pero el proceso legal sigue abierto en instancias inferiores, dejando abierta la posibilidad de futuras decisiones judiciales.
Programa que beneficia a venezolanos desde hace cuatro años
Debido a la crisis política y social en Venezuela, la administración Biden anunció en marzo de 2021 que los venezolanos serían elegibles para beneficiarse del programa federal de Estatus de Protección Temporal, vigente desde 1990.
Este programa busca ofrecer ayuda humanitaria a personas provenientes de países afectados por guerras, desastres naturales u otras calamidades. Los beneficiarios obtienen estatus legal y autorización laboral por hasta 18 meses, con posibilidad de extenderse.
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El litigio ante la Corte Suprema se inició tras una designación en octubre de 2023 y fue prorrogada en enero pasado, justo antes de que Donald Trump asumiera nuevamente la presidencia. En febrero, la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, intentó revertir esas protecciones, lo que implicaría su expiración este año.
Sin embargo, un juez del Distrito Norte de California bloqueó esa medida debido a preocupaciones relacionadas con posibles prejuicios raciales. El Procurador General D. John Sauer argumentó en su solicitud de emergencia que los tribunales no tenían autoridad para revisar esa decisión.
