La Organización No Gubernamental Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) informó el sábado que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) le confirmaron que el activista y defensor de los derechos humanos el abogado yaracuyano Eduardo Torres se encuentra recluido en los calabozos de El Helicoide en Caracas, tras tras ocho días negándoles su paradero, además, denuncian que está incomunicado porque las autoridades le impiden las visitas tanto de sus familiares como de sus abogados.
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«Le niegan el contacto con cualquier personas fuera de El Helicoide, violando su derecho a comunicarse», señaló la organización en una publicación en sus redes sociales.
Destacaron que la última vez que Torres habló con su familia fue el viernes 9 de mayo a las 4:00 pm, «cuando les informó que iba caminando desde Parque Central hacia su casa por el centro de Caracas, pero nunca llegó», recordó la ONG.
Asimismo, enfatizaron en que el abogado, quien es miembro de Provea, cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a, supuestas, amenazas y hostigamiento que ha sufrido por su labor como defensor de derechos humanos.
Provea exige a las autoridades información oficial sobre los cargos que se le imputan a Torres, acceso inmediato a la comunicación con su familia y abogados de confianza, el cese del aislamiento, así como el respeto a sus garantías judiciales y a las medidas cautelares que protegen sus derechos como defensor.
Cabe destacar, que el pasado martes la Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo que las detenciones y desapariciones forzadas en Venezuela continúan contra personas críticas con el Gobierno de Nicolás Maduro, e hizo mención de forma especial al caso de Torres.
Ese mismo martes, el fiscal general Tarek William Saab informó sobre la detención del abogado yaracuyano por su presunta vinculación con una trama para «generar violencia en las elecciones regionales y legislativas del 25 de mayo», días después de que Provea denunciara desconocer su paradero.
En dicha oportunidad, Saab indicó que a través de una estructura denominada Nodos de Formación Ciudadana, financiada por agentes extranjeros, «Torres usaba talleres de formación como fachada para organizar focos de violencia llamando a la destrucción de los centros electorales y propagando mensajes de odio y aniquilación hacia las autoridades del Estado legítimamente constituidas».
De igual manera, dijo que «presentado conforme lo establecen los lapsos procesales y garantizándole su derecho a la defensa», Torres había sido presentado ante un tribunal, el cual le decretó medida privativa de libertad por los delitos de conspiración, terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir.
