Marbella Gutiérrez Yglesias, en su condición de representante de la Coordinación del Equipo de Formación y Asesoría Jurídica del estado Yaracuy, considera que el llamado que hizo el Ejecutivo nacional para la revisión de casos de los detenidos en el contexto postelectoral, «constituye una contraorden ejecutiva que evidentemente favorecerá a dos mil personas injustamente encerradas y procesadas».
«Sin duda, esta ola de aprehensiones ha sido una de las medidas más duras que se ha materializado contra la población venezolana. Por ejemplo, en Yaracuy hemos contado más de 33 a raíz de los resultados electorales anunciados por el CNE, entre ellos, cinco adolescentes, un joven con discapacidad y tres damas. Sin contar los presos por razones políticas que se registraron en fechas previas, como el caso de Luis Camacaro y Dignora Hernández», dijo Gutiérrez.
La especialista afirma que el denominador común de todas estas detenciones «es la inexistencia de elementos de convicción para vincularlos a presuntos delitos, la privación de derechos constitucionales como el derecho a designar abogados de confianza, la opacidad de información a los familiares, a medios de comunicación, así como la restricción de visitas y contacto con sus seres queridos», señaló.
«Muchos son niños liceístas que en vez de estar estudiando para su examen de matemáticas o jugando en sus canchas deportivas, permanecen sufriendo toda clase de situaciones traumáticas en contravención a los principios de protección integral previstos en la LOPNNA«, dijo la abogada.
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«¡Claro que están a tiempo de rectificar! Porque los daños psicológicos y físicos que están padeciendo estos jóvenes podrían empeorar en los próximos días. El sistema de justicia en Venezuela ha dado su peor muestra de ejercicio jurídico, en todos sus niveles. Lo mínimo que esperamos los venezolanos es una rectificación que satisfaga la ofensa colectiva que ha significado esta represión social sin precedentes», finalizó diciendo.
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