Sindicalistas venezolanos introdujeron una solicitud de amparo constitucional suscrita ante el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, Antonio Marval-Jiménez, publica Tal Cual
Iván Freites y Gustavo Rodríguez hicieron la solicitud de amparo constitucional ante la Sala Constitucional de dicha institución. En una nota de prensa difundida este #29sept, indicaron que la sala decidirá sobre su admisibilidad.
«Este amparo indica además un presunto uso de fondos públicos para un ataque sistemático contra los trabajadores y sus representantes, quienes han llevado adelante una serie de acciones legales para lograr la indemnización de las víctimas de las acciones discriminatorias y criminales de Pdvsa y sus filiales, incluida la filial norteamericana Citgo», reza la misiva.
El recurso de amparo, consignado por los sindicalistas Freites y Rodríguez, señala el presunto uso corrupto de fondos públicos por parte de la junta administradora ad hoc de Pdvsa para financiar una campaña de difamación y hostigamiento contra los líderes sindicales y los trabajadores despedidos que han buscado justicia por las violaciones de sus derechos laborales.
Al momento de recibir el documento, el magistrado Marval-Jiménez expresó: «Este Tribunal ha recibido la solicitud de amparo presentada por los directivos sindicales Iván Freites y Gustavo Rodríguez, quienes desde hace años han documentado de manera clara cómo se ha vulnerado el derecho al trabajo, a la libertad sindical y a la protección laboral de miles de venezolanos en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro».
En la acción de amparo también se señala a Horacio Medina, presidente de la junta administradora ad hoc de Pdvsa, de haber presuntamente malversado cientos de miles de dólares en fondos públicos para orquestar una estrategia de desprestigio y persecución contra las acciones de los sindicalistas.
Según el documento presentado ante el TSJ en el exilio, uno de los individuos de la trama cuenta con antecedentes criminales en los Estados Unidos y Venezuela, con historial de fraude y violencia. Los otros indiciados nombrados son Gustavo Lainette, Jose Vicente Carrasquero y Orlando Viera-Blanco, ex embajador del gobierno interino de Juan Guaidó en Canadá.
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