No escribimos desde el pedestal de un experto en economía política; escribimos, más bien, desde la tribuna de un investigador persistente que observa con rigurosidad la realidad nacional.
El bolsillo de un país no es un asunto exclusivo de los tecnócratas en una oficina, sino la variable más humana que define el día a día del venezolano. Es por eso que, tras años de estudiar minuciosamente nuestro laberinto financiero, se hace imperativo diseccionar la paradoja que hoy nos asfixia: el pozo petrolero está volviendo a llenarse, pero la moneda nacional sigue vaciándose.
Nuestra realidad económica se empeña, una vez más, en llevarle la contraria a los libros de texto y a las promesas de los discursos oficiales, de afuera y de adentro. Para cualquier analista extranjero que mire las cifras globales de forma aislada, el panorama actual del país debería mostrar un respiro o una tranquilidad relativa.
Los datos técnicos están a la vista: la producción de crudo por fin dejó de estar estancada y superó el millón de barriles diarios, mientras que las empresas petroleras internacionales están montando nuevas torres de perforación, más que todo en el oriente del país. Sin embargo, al bajar a la calle y sentir el día a día del ciudadano común, la realidad es totalmente la opuesta.
Esta contradicción tan evidente entre una apertura petrolera que avanza y la caída violenta del valor de nuestra moneda –que saltó de unos 300 bolívares por dólar en diciembre de 2025 a más de 725 bolívares en la tasa oficial a mediados de julio de 2026, según el BCV– deja clara una verdad incómoda: el viejo mito del “Estado rentista”, ese que, supuestamente, podía arreglar la economía y darnos bienestar a todos a punta de chequera petrolera, se terminó para siempre.
Para entender por qué este supuesto buen momento petrolero no ayuda a frenar el alza de los precios, hay que mirar cómo funciona realmente el dinero en efectivo que maneja el Estado. Mucha gente cree equivocadamente que sacar más petróleo se convierte de inmediato en un chorro de dólares contantes y sonantes que entran directo a las cuentas del BCV. Pero la realidad de esos negocios es mucho más complicada y dura.
Los nuevos contratos de la apertura petrolera y los cambios en las leyes de hidrocarburos se manejan con sistemas de pago donde una gran parte del dinero generado ni siquiera entra al país en efectivo. Esos dólares se van, primero que nada, a pagar deudas viejas que se tenían acumuladas con los socios extranjeros y, en segundo lugar, a la gigantesca inversión que hace falta para reparar tuberías, refinerías y taladros que pasaron años abandonados, dañados y vetustos; a todo esto se suma que hoy en día las ganancias petroleras del país están bajo la lupa y el control directo del Gobierno de Washington.
Por eso, los petrodólares reales que de verdad le quedan libres al BCV para salir a venderlos en el mercado y aguantar la subida del dólar son apenas un goteo lento, que no alcanza para cubrir la enorme necesidad de divisas que tiene el país.
Mientras el dinero real de las ventas llega a este ritmo tan lento, los gastos del Gobierno corren a una velocidad que nadie puede parar. El gobierno interino tiene un hueco financiero en sus cuentas (un déficit) que los analistas calculan cercano al 9 % de todo lo que produce el país.
Con un sistema de cobro de impuestos trancado por las retaliaciones políticas y con los préstamos de los bancos internacionales no desbloqueados del todo, el Ejecutivo ha vuelto a usar la fórmula más vieja y dañina de todas: inventar dinero sin respaldo. Millones de bolívares creados de la nada en las computadoras del BCV salen a la calle todos los meses para pagar bonos, ayudas y los sueldos de los empleados públicos.
La regla aquí no falla: cuando hay una cantidad exagerada de bolívares en la calle buscando comprar unos poquititos dólares disponibles, el valor del bolívar se vuelve sal y agua. Por eso no es raro que la inflación acumulada de los primeros seis meses de 2026 ya pase del 120 %, empujada por saltos tan duros como el 13,8 % de aumento en los precios que sufrimos solo en junio, según los datos oficiales del propio BCV.
A este desorden con el dinero se le añade un problema psicológico y social muy grave: la pérdida total de la confianza en las instituciones y el crecimiento de la brecha cambiaria. En Venezuela, el bolívar dejó de servir para lo que sirve cualquier moneda: ya no nos dice cuánto valen las cosas de verdad ni sirve para ahorrar, sino que se convirtió en una “papa caliente” de la que comerciantes y ciudadanos intentamos salir en cuestión de minutos. La distancia que hoy separa el precio del dólar oficial del BCV (que está por los 725 bolívares) del dólar no oficial es el reflejo del miedo que tiene la gente.
El sector comercio, golpeado por años de no saber qué va a pasar, no calcula cuánto va a costar reponer su mercancía pensando en el petróleo que se va a vender el mes que viene; lo calcula pensando en cuánto va a costar el dólar mañana por la mañana. Esta diferencia de precios funciona como un motor que sube la inflación por sí solo: los comerciantes aumentan los precios por prevención, calculando al dólar más alto para no quebrar, lo que tumba cualquier intento del gobierno por estabilizar la economía.
Por si fuera poco, los imprevistos de la naturaleza terminaron de enterrar los pequeños intentos de ordenar el gasto público que se veían a principios de año. El doble terremoto que golpeó al país en junio pasado no solo causó una dolorosa tragedia humanitaria con miles de fallecidos, desaparecidos y heridos, sino que terminará por romper la infraestructura macroeconómica que ya estaba débil.
Los primeros cálculos de los organismos internacionales dicen que reparar las vías, los hospitales, las casas y apartamentos costará miles de millones de dólares. Ante una emergencia tan grande, el Estado se vio obligado a romper su propio presupuesto y tuvo que soltar de golpe enormes cantidades de dinero emitido sin respaldo para empezar a pagar la reconstrucción de las zonas afectadas.
La tragedia social justifica que se creen esos bolívares, pero el mercado del dólar no entiende de razones humanitarias; reaccionó de inmediato perdiendo valor frente al dólar, lo que acabó con cualquier respiro que se había logrado frente a la inflación.
Este escenario tan enredado nos deja una enseñanza muy clara para el momento actual y para el futuro cercano de la transición política en Venezuela: la apertura petrolera y lograr que vengan inversionistas privados son herramientas muy importantes y necesarias para levantar la producción a largo plazo, pero no sirven si se quieren usar como una pastilla de alivio rápido contra la inflación de hoy.
El petróleo puede servir para comprar maquinaria, poner a andar refinerías y hacer que los informes de los analistas en Nueva York o Houston se vean bien, pero no tiene el poder de devolverle la confianza a un pueblo que ha visto cómo su sueldo, su salario o sus ingresos se pulverizan una y otra vez.
Escribir y entender la economía de la Venezuela de hoy exige quitarse la vieja idea optimista de que si sube la producción de petróleo, el bolsillo de la gente mejora automáticamente. El problema de fondo no es cuántos barriles podemos sacar de abajo de la tierra, sino el desorden tan grande que hay arriba con los gastos públicos y la impresión de billetes.
Mientras no se frene en seco la creación de dinero sin respaldo (inorgánico), mientras no se unifique el precio del dólar eliminando –con mayor oferta de divisas– esa diferencia de tasas que desangra a los negocios legales, y mientras no tengamos instituciones transparentes que den leyes claras y seguras, el prometido “milagro petrolero” seguirá siendo lo que es hoy: una ilusión económica que pasa de largo por el frente de nuestras casas, mientras los ciudadanos comunes seguimos pagando con nuestro bolsillo –en lo microeconómico– el costo de una inflación hasta ahora indomable.
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