En Venezuela —y en este pequeño laboratorio político llamado Yaracuy— la crítica se ha convertido en una suerte de herejía moderna. No importa el color de la camisa ni el eslogan que se repita: oficialistas y opositores parecen compartir una piel sorprendentemente fina, casi translúcida, ante cualquier cuestionamiento. Se diría que la política local ha evolucionado hacia una disciplina curiosa donde disentir no es debatir, sino ofender; donde la incomodidad intelectual se interpreta como agresión personal.
El fenómeno no es casual. Durante años, la mala praxis política ha ido moldeando una cultura donde el error no se corrige, se oculta; y donde la crítica no se procesa, se castiga. A esto se suma la consolidación de doctrinas cada vez más rígidas, donde la lealtad se mide en silencios y la disciplina en la capacidad de repetir consignas sin pestañear. Pensar distinto no es una contribución: es una amenaza. Y en ese ecosistema, la autocensura termina siendo una forma de supervivencia política.
En Yaracuy, esta lógica ha producido una generación de dirigentes que no fueron formados en el debate, sino en la obediencia. Aquí no se asciende necesariamente por méritos, gestión o liderazgo social, sino por la bendición —o el veto— de estructuras políticas nacionales que deciden quién es digno de representar algo, aunque no haya demostrado representar a nadie. Así, se multiplican los cargos, pero no necesariamente los liderazgos; abundan los nombramientos, pero escasean las trayectorias.
El resultado es una política desconectada de su esencia. Porque la política, en su forma más elemental, es conflicto gestionado con inteligencia; es negociación, contraste de ideas, construcción colectiva. Pero cuando la crítica se interpreta como traición y la diferencia como enemistad, lo que queda no es política, sino proselitismo a ciegas.
Un ejercicio casi mecánico donde se defiende una línea, no una idea; donde se protege una estructura, no un propósito. Lo más paradójico es que esta fragilidad frente a la crítica revela, en muchos casos, una inseguridad profunda. Quien tiene argumentos no teme al debate; quien tiene resultados no rehúye la evaluación. Pero cuando el poder —o la aspiración a él— no se sostiene en prácticas sanas ni en legitimidad construida, cualquier cuestionamiento se siente como un peligro existencial. Y así, se responde no con razones, sino con descalificaciones.
De allí emergen figuras que ocupan espacios de poder, pero no necesariamente los encarnan. Líderes circunstanciales, dependientes del cargo más que de su capacidad, que en ocasiones exhiben un desprecio apenas disimulado por la propia política. Y no es difícil entender por qué: cuando el poder no es fruto de procesos democráticos sólidos, sino de alineaciones estratégicas o coyunturas favorables, se convierte en una carga incómoda más que en una responsabilidad asumida.
El cargo los sostiene más de lo que ellos sostienen al cargo. Mientras tanto, la ciudadanía observa —cuando no padece— este espectáculo donde disentir es pecado y aplaudir es requisito. Y así, se erosiona uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática: la posibilidad de cuestionar sin ser condenado por ello. Porque cuando la crítica desaparece, también desaparece la posibilidad de corregir rumbos.
Conviene recordar, aunque suene obvio, que los políticos no son figuras religiosas ni entidades infalibles. No están llamados a ser obedecidos, sino evaluados. Y mientras la crítica siga siendo vista como una afrenta en lugar de una herramienta, mientras la tolerancia sea sustituida por la uniformidad forzada, seguiremos atrapados en una política inmadura, incapaz de corregirse a sí misma. Porque una sociedad que no puede cuestionar a quienes la dirigen tampoco puede defenderse de sus excesos.
Y en ese silencio —tan conveniente para algunos como perjudicial para todos— no crecen ciudadanos: apenas sobreviven espectadores. Y un país de espectadores, por definición, siempre será más fácil de gobernar que uno de ciudadanos.
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