En Venezuela, la política ha dejado de ser un espacio de conducción colectiva para convertirse en un espectáculo de supervivencia, tanto en el Gobierno como en la oposición. La distancia entre dirigencias y ciudadanía ya no se mide solo en encuestas, sino en la sensación extendida de que las decisiones se toman en mesas pequeñas y se justifican luego con discursos grandilocuentes, sin deliberación real ni rendición de cuentas.
Durante décadas, oficialismo y oposición han compartido vicios que hoy resultan intolerables: la manipulación emocional como método, la opacidad como regla, la traición a la voluntad popular como rutina y el encubrimiento de errores estratégicos como forma de conservar cuotas de poder.
La política se ha reducido a administrar relatos y no a corregir rumbos, a buscar culpables externos y no a asumir responsabilidades internas. Ese patrón atraviesa colores y siglas, y explica por qué buena parte de la ciudadanía ve con escepticismo cualquier llamado a “unidad” o “cambio” que no venga acompañado de prácticas distintas.
Si debemos hablar de una balanza, es innegable que la mayor responsabilidad ha recaído en un oficialismo que, bajo la promesa y la ilusión de una revolución, terminó consumido en los vicios que justificaron su génesis, solo cambiando nombres y mecanismos. En el centro de ese deterioro está el mesianismo: la idea de que un líder providencial encarna el destino de la nación y, por tanto, merece obediencia casi religiosa.
En América Latina, este culto al líder se vincula históricamente con la figura del caudillo fuerte, que concentra poder y se sitúa por encima de las instituciones, debilitando partidos, controles y deliberación. En nuestra realidad, ese personalismo ha mutado en versiones “revolucionarias” o “democráticas”, pero conserva el mismo núcleo: el líder como intérprete exclusivo de la voluntad popular, aun cuando los hechos desmienten sus decisiones.
El problema no es solo moral, es estructural. Cuando el criterio político se vuelve fe, la discusión se clausura, las bases se conforman con aplaudir lineamientos y los errores dejan de corregirse para pasar a ser justificados en nombre de ideales superiores nunca materializados.
Así, se normaliza que programas incumplidos, promesas traicionadas o estrategias fracasadas sean defendidas como “sacrificios necesarios” o “malos entendidos”, mientras la ciudadanía paga el costo en deterioro de servicios, pobreza, migración y pérdida de expectativas.
La salida exige un cambio radical en la forma de hacer política, tanto en el campo oficialista como en el opositor. Ese cambio comienza por devolver la política a sus supuestos protagonistas: las bases que hoy se han habituado a recibir razonamientos ya elaborados, consignas empaquetadas y narrativas que desprecian la complejidad que vive el país. Si la militancia solo escucha y obedece, la organización deja de ser democrática y se convierte en una estructura de transmisión vertical que premia la lealtad acrítica y castiga la disidencia.
Sin debate hacia abajo, la dirección se vuelve endogámica y termina repitiendo errores que la sociedad percibe con más claridad que sus propios aparatos. Abrir los debates implica algo más exigente que hacer consultas formales o “asambleas” para ratificar decisiones ya tomadas. Supone entregar información, transparentar cifras, mostrar los dilemas reales, aceptar errores tácticos y estratégicos y, sobre todo, permitir que la discusión reconfigure las decisiones iniciales.
Una organización que no soporta el desacuerdo interno no está preparada para gobernar una sociedad plural; y una ciudadanía que delega su criterio en voceros que no rinden cuentas termina validando, una y otra vez, el ciclo de frustración y desencanto. La política seria se mide menos por la cohesión de sus eslóganes que por la calidad de sus deliberaciones.
El corolario superior a tener en cuenta es que nuestros políticos son y siempre serán el reflejo de la sociedad que los apoya. No olvidemos eso cuando queramos exculparnos como pueblo.
La historia ofrece ejemplos de sociedades que solo pudieron recomponer su rumbo cuando se atrevieron a desmontar sus estructuras políticas enfermas. Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania debió desarmar un régimen construido alrededor de un culto a la personalidad totalitario, para reconstruir instituciones basadas en controles mutuos, descentralización y cultura democrática, en un proceso de “desnazificación” que obligó a revisar responsabilidades y memorias.
Esa transformación no se logró solo cambiando gobiernos, sino revisando críticamente el papel de las élites, del sistema de partidos y de la sociedad que había tolerado –cuando no celebrado– el poder sin límites.
España, tras la muerte de Franco, afrontó un dilema similar: pasar de una dictadura personalista a una democracia plural que exigía pactos entre adversarios irreconciliables, aceptación de la diversidad territorial e incorporación de una ciudadanía que había sido por años mero espectador de decisiones tomadas en la cúpula.
La llamada transición implicó renuncias de todos los bandos, apertura de espacios para nuevos partidos y un esfuerzo deliberado por institucionalizar el conflicto político en reglas compartidas, no en la imposición de un vencedor absoluto.
Sudáfrica, por su parte, tuvo que desmantelar un régimen de apartheid que era mucho más que un conjunto de leyes: era un orden social completo sostenido por un relato de superioridad racial y por una cultura política que justificaba la exclusión y la violencia.
El liderazgo de figuras como Nelson Mandela fue decisivo, pero no se basó en un mesianismo ciego, sino en un proceso de negociación, reconocimiento del otro y construcción de instituciones inclusivas, desde una nueva Constitución hasta la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
En los tres casos, la recomposición política fue posible porque se entendió que ninguna sociedad sale de crisis profundas solo con un líder carismático o con cambios cosméticos en la élite. Se necesitaron partidos reconfigurados, ciudadanía activa, mecanismos de control e instituciones dispuestas a revisar sus propias sombras. El culto a la personalidad fue identificado como un problema, no como un recurso que convenía preservar, y se apostó por fortalecer procedimientos, reglas y espacios de participación.
Venezuela debe extraer lecciones de esas experiencias. Si aspiramos a una política adulta, debemos superar el terrible mal del mesianismo que nos hace delegar en una sola persona, por comodidad o simplismo ideológico, el peso de todo un proyecto de país. Esa delegación abre la puerta al fanatismo y luego nos condena al papel triste de justificar errores enormes como sacrificios en nombre de metas que nunca llegan.
Esa lógica ha hecho daño en el oficialismo, cuando la crítica interna se considera traición, y en la oposición, cuando cualquier cuestionamiento al líder del momento se lee como deslealtad. Una nueva forma de hacer política en el país exige que las bases se conviertan en sujetos activos de deliberación y no en receptores pasivos de instrucciones.
Exige que las fuerzas en pugna, sean de Gobierno o de oposición, coloquen la transparencia por encima de la conveniencia táctica, reconozcan errores sin victimismo y se acostumbren a que la legitimidad ya no proviene solo de ganar elecciones, sino de rendir cuentas a diario. Y exige, sobre todo, que la ciudadanía desactive en sí misma la comodidad del seguidismo, recupere el hábito de preguntar, de contrastar, de exigir consistencia entre el discurso y la práctica.
No habrá milagro político que nos ahorre ese esfuerzo. La transformación que necesitamos no vendrá de una figura providencial, sino de una sociedad que asuma su madurez, rompa con los reflejos fanáticos y decida tratar a sus líderes como servidores temporales, no como intérpretes exclusivos del destino nacional. Se trata de abandonar la espera pasiva y de comenzar, aquí y ahora, a construir una cultura política donde la lealtad no se mida por el aplauso al líder, sino por el compromiso con la verdad, la justicia y la dignidad de la gente.
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