Un grupo de productores agropecuarios de los municipios Bolívar y Manuel Monge denunció que recientemente se cumplió un año desde que sus fincas y diversos terrenos fueron ocupados de manera ilegal. Aseguran que esta situación ha afectado notablemente a la producción en esta zona del estado Yaracuy.
Lea también: Trabajadores aseguran que más tardaron esperando el bono que gastándolo
Califican a esta situación como “política de despojo”: “Hemos acudido a diversos entes en busca de respuesta y no han visto una respuesta favorable.
Relataron que, el 5 de marzo de 2025, durante la madrugada, se inició una tragedia para los propietarios de diversas parcelas en el sector Quebrada Seca del Municipio Bolívar, ya que, “un grupo de aproximadamente 60 personas, presuntamente del colectivo Eliécer Otaiza #3, tomó control de cuatro fundos, entre ellos: Los Prados, Los Prados 1, Puente Río 1 y Puente Río 2, bajo la mirada y tutela de funcionarios de la policía regional y del Instituto Nacional de Tierras (INTI)”, denunciaron.
Desde entonces —agregaron— ha iniciado un calvario, se han visitado diversos organismos sin obtener respuesta.
No hubo notificación
Elia Rangel, habitante de la zona y una de las afectadas, denunció que el desalojo fue arbitrario: «No hubo notificaciones, ni avisos, ni órdenes de expropiación, nos despojaron de nuestra propiedad y de nuestro modo de vida».
A pesar de las denuncias interpuestas ante tribunales y organismos de seguridad, -prosiguió- la respuesta ha sido el silencio. «Hemos agotado todas las diligencias y no hay quien nos dé la cara», afirmó.
Eduardo Linárez, ingeniero agrónomo y asesor del Comité de Víctimas de Ocupaciones Ilegales en Yaracuy, alertó sobre la gravedad de la situación: «Estamos ante un claro abuso de funciones públicas y tráfico de influencias, este patrón de invasiones despoja al trabajador de su esfuerzo y destruye la producción».
«Exigimos respeto a la propiedad privada y el cumplimiento de la ley, sin justicia no hay producción», concluyeron los voceros, quienes hacen un llamado urgente a las instancias nacionales para frenar lo que denominan una violación sistemática de los derechos fundamentales de quienes producen el alimento en Yaracuy.




