Hay documentos que nacen con inspiración de lápida. El llamado Manifiesto de Panamá parece uno de ellos: un texto que pretendió ser hoja de ruta, pero terminó siendo espejo gastado. No de país posible, sino de una vieja enfermedad política venezolana: la tentación de sustituir la realidad por la narrativa, la estrategia por la leyenda y la construcción institucional por el culto al liderazgo.
En ese documento —una suma detallada de intenciones recicladas y lirismo obstinado— no solo se reiteraban lugares comunes ya agotados, sino que se elevaba a niveles poco disimulados el personalismo político, ese mesianismo que promete libertades inmediatas sin explicar los mecanismos de poder que las harían viables. Como si bastara la voluntad, o peor aún, la fe.
Pero más elocuente que el propio manifiesto fue el silencio. El del Gobierno venezolano, curtido en leer correlaciones reales de poder, y el de Estados Unidos, que rara vez desperdicia palabras cuando no encuentra interlocutores estratégicos. Ese doble mutismo no fue casual: fue diagnóstico. La autoproclamada inspiración negociadora de María Corina Machado y la Plataforma Unitaria no generó reacción porque, sencillamente, no alteraba el tablero.
Conviene recordar que la oposición venezolana ha hecho de la repetición de errores una forma de perseverancia. Durante más de dos décadas ha oscilado entre el maximalismo discursivo y la fragilidad operativa, entre la promesa total y la incapacidad de construir condiciones mínimas. El Manifiesto de Panamá no rompe esa tradición; la perfecciona en su forma más estética y menos eficaz.
En paralelo, el nombramiento como negociadora de Dinorah Figuera —impulsado con claridad desde el Departamento de Estado— introduce una variable incómoda: evidencia que hay una estrategia internacional que no necesariamente coincide con la agenda que intenta imponer Machado. No se trata de objetivos distintos, sino de prioridades divergentes. Mientras una insiste en la ruta electoral como punto de partida, Washington parece inclinarse por algo más elemental y menos aventurero: reconstruir las instituciones que hacen posible cualquier transición.
La diferencia es significativa. De un lado, la política entendida como movilización emocional; del otro, como arquitectura de poder. Y en medio, un liderazgo que, al momento de escribir estas líneas, guarda silencio mientras algunos voceros cercanos —Andrés Velázquez, César Pérez Vivas— atacan abiertamente una línea que, en los hechos, aparenta venir acompañada de capacidad real de ejecución. Solo faltaron los pasos de salsa.
Esa desconexión no es menor. Denota una falta de madurez estratégica: la incapacidad de alinearse, al menos tácticamente, con quien tiene la fuerza suficiente para incidir en el resultado. Porque la política, más allá de consignas, es correlación de fuerzas, y el romanticismo político sin mecanismos de poder no pasa de ser charlatanería.
Nada de esto implica negar la legítima aspiración electoral de los venezolanos. Sería absurdo. Pero también es irresponsable convertir esa expectativa en un fin en sí mismo. Las elecciones son un instrumento, no una solución mágica. Sin condiciones institucionales mínimas, cualquier victoria sería, en el mejor de los casos, precaria.
Las negociaciones en curso —distintas en naturaleza y actores a las que conocimos en el pasado— obligan a repensar el enfoque. Tal vez, por primera vez en mucho tiempo, la discusión no gira en torno a quién lidera, sino a qué se construye.
Ojalá prevalezca la sensatez. Porque si algo ha demostrado la historia reciente es que ningún proyecto político, por carismático que sea, puede sustituir la necesidad de acuerdos amplios, realistas y sostenibles. Venezuela no necesita salvadores; necesita articulación. No necesita relatos heroicos; necesita instituciones que funcionen. Quizás ahí, en ese punto incómodo donde la épica cede ante la responsabilidad, comience realmente la posibilidad de un país distinto.
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