Venezuela atraviesa hoy una transformación económica que se desarrolla con una rapidez asombrosa, casi en silencio, pero bajo una dirección clara. Los indicadores no mienten: la industria petrolera, que hace poco se encontraba en niveles críticos de producción, apenas rozando los doscientos o trescientos mil barriles diarios, ha logrado escalar hasta alcanzar el millón cien mil barriles de crudo al día.
Este salto productivo, impulsado por una nueva ley de hidrocarburos de corte liberal y una apertura sin precedentes a las transnacionales del gas y la minería, proyecta ingresos que podrían superar los 30 mil millones de dólares para final de año.
En teoría, podríamos decir que la transición económica «va bien encaminada» si nos limitamos a mirar los balances de las grandes corporaciones y los intereses de los gobiernos tutores. Sin embargo, la realidad objetiva que se vive en las calles de nuestro país nos obliga a hacernos una pregunta incómoda: ¿cuándo llegará ese flujo de dinero al bolsillo del venezolano común?
Mientras los acuerdos comerciales fluyen sin contratiempos, el ruido de la bonanza económica resulta ensordecedor frente al silencio de un pueblo que sigue sumido en una parálisis total.
No podemos hablar de éxito cuando la pobreza crítica ronda el 80 % y la mayoría de la población sobrevive en la miseria extrema con salarios que no cubren ni lo más básico. Es inaceptable que, mientras se firman contratos de explotación de oro y tierras raras, existan comunidades con más de cuatro años sin agua por tubería, hospitales sin médicos y escuelas que se quedan vacías porque nuestros docentes no tienen cómo subsistir.
Desde el Movimiento Independiente 28 de Julio, sostenemos que la transición social debe ser la prioridad inmediata. No basta con reconstruir las instituciones para garantizar elecciones futuras; es urgente atender el hambre y la salud hoy mismo. Por ello, impulsamos la propuesta de una ley de emergencia social por un periodo mínimo de dos años, enfocada en las áreas más críticas del país.
Esta ley no es un cheque en blanco. Proponemos que estos recursos sean administrados por una comisión transparente, acordada entre la comunidad internacional y nuestra sociedad civil organizada: universidades, gremios, Iglesia y ONGs. Esta propuesta no es un capricho político, sino un derecho amparado en nuestra Constitución, específicamente en su artículo 70, que consagra la soberanía del pueblo en lo social y económico como un mandato vinculante.
La transición es posible, pero para que sea real, debe ser en paz y con la gente adentro. La verdadera soberanía no se recupera solo firmando contratos petroleros; se recupera rescatando la dignidad del pueblo venezolano y permitiéndole participar activamente en el renacimiento de su propia nación. Solo así pasaremos de una economía que beneficia a unos pocos a una democracia que nos proteja a todos.
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