El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) ha reanudado el procesamiento de los beneficios de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos (CHNV) que están amparados por el parole humanitario. Sus peticiones de permiso de trabajo, viaje y otras solicitudes, como el asilo y la renovación del propio parole, que fueron suspendidas en enero por una orden gubernamental, deben continuar su tramitación. Las nuevas solicitudes permanecen, por el momento, sin activarse.
Así lo anunció el lunes la directora en funciones de USCIS, Angelica Alfonso-Royals, en un memorando en el que insta a los agentes federales a retomar las solicitudes que estaban paradas. Antes de reanudarlas, no obstante, deben haber verificado individualmente cada caso. La acción responde a una orden judicial del 28 de mayo, en el caso Svitlana Doe vs. Kristi Noem, con la que una jueza federal de Massachusetts anuló la paralización administrativa impuesta por el Gobierno y obligó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a continuar con los trámites suspendidos.
“Este tribunal enfatiza, como lo hizo en su orden anterior, que no es de interés público crear una situación en la que cientos de miles de personas, en el transcurso de varios meses, se encuentren ilegalmente en el país, de modo que no puedan trabajar legalmente en sus comunidades ni proveer para sí mismos y sus familias”, escribió la jueza Indira Talwani en su orden.
La decisión afecta también al programa Unidos por Ucrania, que protege a unos 240.00 ucranios que huyeron de la guerra, el programa de reunificación familiar y el parole para militares y veteranos, conocido como MPIP.
El parole humanitario lleva meses de litigio en los tribunales, que han dictado fallos contradictorios, lo que hace difícil a sus beneficiarios saber en qué situación se encuentran. El 30 de mayo, el Tribunal Supremo, en una decisión de urgencia pedida por el Gobierno, autorizó la paralización del parole de CHNV, dejando a los 530.000 beneficiarios sin su estatus legal, en una situación vulnerable ante las masivas deportaciones de la Administración.
“La Corte Suprema ha dado luz verde a las órdenes de deportación para aproximadamente medio millón de personas, la mayor ilegalización de este tipo en la era moderna. La decisión de hoy supera el récord que establecieron la semana pasada cuando permitieron la cancelación del TPS para cientos de miles de venezolanos que viven en Estados Unidos”, declaró tras el fallo del Supremo Karen Tumlin, fundadora y directora de Justice Action Center, una de las organizaciones que presentó la demanda en Massachussetts.
