Los 23 yaracuyanos que fueron detenidos en los municipios Peña, Páez, Urachiche, Arístides Bastidas, La Trinidad, Nirgua, Veroes, Independencia y San Felipe en mayo de 2022 durante la Operación Trueno, todavía esperan por la conclusión del proceso judicial, motivo por el cual sus familiares reiteran el llamado a las autoridades de los órganos de justicia para que reaperturen el juicio.
Todos los imputados fueron trasladados a Caracas, y al poco tiempo los distribuyeron en las cárceles de Yare I y II, El Rodeo I y II, centros de detención de la PNB Boleíta Norte y DIP de El Valle.
Los parientes de los aprehendidos están haciendo hasta lo imposible para ser escuchados y que haya justicia en el caso. Aseguran que hay retardo procesal desde hace un año, tiempo en el que fue paralizado el juicio continuado porque cambiaron de juez, y desde entonces no han cumplido el debido proceso.
Ante la irregularidad, los familiares hicieron un pancartazo en la Plaza Bolívar en San Felipe, en donde aprovecharon de pasar a la sede de la Gobernación del estado Yaracuy para solicitar un derecho de palabra al gobernador Leonardo Intoci, esperan respuesta.
También firmaron un comunicado dirigido a la abogada Carolina Molinos, presidente del Circuito Judicial Penal del área Metropolitana de Caracas, para que conozca del caso y pueda atender la situación, «exigimos la libertad para todos, son personas inocentes y la mayoría jóvenes», dijo una de las parientes.
El escrito será entregado este #4Jun por una comisión formada por cuatro parientes, «es imposible que acudamos las 23 familias afectadas porque no todos contamos con recursos para cubrir pasaje y estadía», resaltaron.
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