La protesta pacífica es un derecho universal para expresar en público, de manera individual o colectiva, la insatisfacción, desacuerdo o indignación con hechos o situaciones que afecten directamente o perjudiquen el interés público, reseña Espacio Público en su Guía de Derechos Humanos – Manifestaciones Públicas en Venezuela.
En Venezuela, la protesta pacífica se encuentra amparada en el artículo 68 de la Constitución Nacional, en el que se expresa que: Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley.
Además, en el mismo apartado se menciona la prohibición del uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas.
“La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”. Esto quiere decir, que el Estado debe garantizar la seguridad de la expresión popular, asumiendo medidas que respeten, faciliten y protejan el derecho a la protesta pacífica, sin recurrir a acciones de violencia o que supongan un uso desproporcionado de la fuerza.
Cuando participan en una protesta, las personas ejercen diversos derechos humanos universalmente reconocidos. Mediante esta acción, también se respaldan el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la vida, a la libertad de asociación, a la privacidad y a no sufrir detención y reclusión arbitrarias ni tortura y otras penas o malos tratos, menciona Amnistía Internacional.
