A principios del siglo XX, el jurista e intelectual español Joaquín Costa Martínez (1846-1911), una de las figuras centrales del regeneracionismo español –movimiento político y social cuyo objetivo era diagnosticar de manera neutral y científica las causas de la decadencia de un país para proponer reformas profundas que lograran su modernización–, hizo un análisis formal que se encuentra condensado en su célebre obra titulada «La ignorancia del Derecho», (publicada originalmente en 1901), la cual aborda la desconexión entre las leyes y el pueblo. En dicho estudio arremetió contra el sacrosanto dogma de que “la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento”, entre nosotros instituido en el artículo 2 del Código Civil.
El autor no pretendía justificar el desconocimiento de la ley por parte del ciudadano; su objetivo era señalar al verdadero culpable: un Estado que legislaba en un cómodo laboratorio, importando costumbres ajenas a la cultura popular y gobernando de espaldas al país. Para él –estando nosotros de acuerdo–, obligar al pueblo a conocer leyes que jamás se le consultaron no es justicia, sino una tiranía institucionalizada, porque para que el Derecho sea justo, el Estado primero tiene la obligación moral de oír la opinión de la ciudadanía.
No podemos olvidar que la influencia de la legislación española en la venezolana es estructural, fundacional y profunda. Aunque Venezuela es una república independiente desde hace más de dos siglos, aún hoy el “esqueleto” de nuestro sistema jurídico sigue perteneciendo a la familia del Derecho Continental o Civilista, el cual fue heredado directamente de España.
Más de un siglo después, si Costa levantara la cabeza, reconocería de inmediato en Venezuela los mismos síntomas que él denunció en la España de comienzos del siglo pasado: un profundo divorcio entre el “país oficial” (el que redacta las leyes) y el “país real” (el que padece la crisis del día a día). Traer su certero análisis a nuestro contexto no es un simple ejercicio de memoria histórica, sino una radiografía exacta de nuestro presente.
Durante más de dos décadas, el Poder Legislativo nacional se ha dedicado a perfeccionar el arte de las “leyes de laboratorio”. Irónicamente, el marco que se suponía venía a refundar la República –la Constitución de 1999– blindó el proceso legislativo en sus artículos 206 y 211 al ordenar de forma expresa la consulta pública obligatoria de cada proyecto de ley. Se prometió una democracia participativa y protagónica; en cambio, se entregó una fábrica de normas rápidas, circunstanciales y divorciadas de la calle.
En nuestro caso, la desconexión denunciada por el referido jurista adquiere matices de asfixia institucional. Las leyes de laboratorio no nacen de las necesidades del ciudadano de a pie, de los productores agrícolas, de los comerciantes supervivientes o de las academias y universidades, sino de directrices ideológicas preconcebidas y de urgencias de control político estatal.
Cuando se ejecutan las consultas exigidas por la Constitución, estas suelen reducirse a simulacros cosméticos: debates exprés en entornos políticamente controlados o pequeñas asambleas con organizaciones afines al Gobierno que se arrogan la representación de todo un país. El resto de la sociedad civil –academias, asociaciones, ciudadanos independientes, expertos, gremios y medios de comunicación– es constantemente excluido. Esa anomalía no ha ocurrido solo al margen de la ley; también cuenta con la connivencia del máximo intérprete constitucional: la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cuya jurisprudencia ha operado como el sastre institucional que confecciona el traje a la medida de la falta de consulta.
A través de sus sentencias (la más tristemente famosa: n° 023 del 22-1-2003), el TSJ despojó a la consulta popular de su natural carácter vinculante, convirtiéndola en un mero requisito burocrático de forma y no de fondo: basta con abrir una tertulia, generalmente oculta, para cumplir con el trámite. Peor aún, el TSJ ha validado siempre la excepcional facultad legislativa del Ejecutivo mediante leyes habilitantes y estados de excepción, normalizando que los textos legales más complejos y punitivos del país se redacten entre cuatro paredes bajo la eterna excusa de una “emergencia”.
El resultado está a la vista de todos: un colapso total entre el país oficial y el país real. Por ejemplo, ante una maraña de leyes y obligaciones tributarias abusivas e inaplicables en una economía en estanflación –caracterizada por la contracción económica, una alta inflación y elevadas tasas de desempleo–, los ciudadanos hemos tenido que desarrollar nuestras propias dinámicas de comercio y supervivencia económica al margen del Estado.
Las leyes, que deberían ser el escudo protector de los derechos ciudadanos, se han transformado en un obstáculo “bien” pensado del cual los venezolanos debemos defendernos a diario. ¿Cuál es, entonces, la solución definitiva a este mal crónico? Resulta obvio que, mientras no haya una nueva elección –que sea confiable, transparente, competitiva y verificable por organismos internacionales– del Poder Legislativo nacional, nada podemos esperar.
Como hemos dicho en otras ocasiones, reinstitucionalizar al país es la gran solución para acortar la brecha entre el país oficial y el país real. En ese nuevo escenario se sepultará para siempre el laboratorio ideológico y se devolverá la soberanía al derecho consuetudinario y a las realidades prácticas del venezolano.
Las leyes dejarán de ser herramientas de sometimiento político o fiscal y pasarán a ser un reflejo fiel de las dinámicas sociales y económicas de la calle. Legislar a partir de la costumbre y la necesidad real –y no del sesgo político represor– es el primer paso para que los ciudadanos volvamos a ver en la ley un aliado y no una amenaza.
En segundo lugar, se debe aplicar la esencia de la fórmula costarricense de “escuela y despensa”, adaptada a la venidera República Civil. El Estado no puede seguir exigiendo, como lo hace hasta ahora, un comportamiento idílico a una sociedad a la que asfixia económicamente y no consulta. La solución pasa por descentralizar el debate, despojar al actual TSJ de su doctrina de la consulta “no vinculante” y abrir los canales legislativos de forma obligatoria, pública y transparente a la sociedad civil organizada. Escuchar no puede ser un trámite burocrático para llenar el expediente; debe ser el requisito indispensable que valide la existencia misma de las leyes.
Solo cuando el proceso legislativo se someta a la auditoría y al conocimiento técnico de toda la sociedad venezolana, se romperán las paredes del secretismo y la improvisación. La verdadera regeneración de nuestra amada patria comenzará con nuevos gobernantes que entiendan que el Derecho no se inventa desde el poder para someter al pueblo, sino que nace del pueblo para limitar y ordenar el poder.
En todo caso, para esa nueva elección queda la vía de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (artículos 347 y 348 de la CRBV), como la ruta jurídica más directa y con mayor fuerza institucional para disolver los poderes constituidos y relegitimar todos los cargos públicos de forma anticipada. Porque lo que es igual para el pavo, debe ser igual para la pava.
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