La historia de Venezuela parece condenada a repetirse en un bucle infinito de ironías trágicas. Durante años, el discurso oficialista nos machacó los oídos con la supuesta “defensa de la soberanía” frente al “imperio” yanqui. Hoy una realidad brutal fue revelada por el periodismo de investigación internacional: nuestra riqueza ha vuelto a ser repartida en una mesa extranjera, a espaldas del país, y bajo términos que rozan el despojo absoluto.
La reciente pesquisa publicada por la firma ProPublica desmenuza las 18 páginas del acuerdo estratégico firmado entre el Gobierno de Trump y la empresa Nabep. Leer los detalles de ese documento desde nuestro país, sufriendo el colapso diario de los servicios públicos, los racionamientos eléctricos crónicos y la escasez que dejó la debacle institucional previa, genera una mezcla profunda de indignación y repulsión. No estamos ante un acuerdo bilateral de cooperación ni una estrategia transparente de rescate económico; es, con todas sus letras, un contrato de entrega colonial con ropaje corporativo diseñado para favorecer a Washington a expensas de nuestro futuro.
Desde los micrófonos y los comunicados oficiales emitidos en la Casa Blanca se prometió una “recuperación histórica” y una inyección calculada en 200 mil millones de dólares en regalías e impuestos que, supuestamente, rescatarían la economía nacional. Pero el papel aguanta todo, menos la verdad cuando se contrasta con la realidad jurídica.
El texto real del acuerdo, firmado por los secretarios Rubio y Hegseth, no obliga legalmente a la empresa a pagar un solo centavo de esa cifra a Venezuela. La letra chica simplemente omite cualquier mecanismo vinculante que garantice que esa riqueza llegue a los hospitales, las escuelas o las maltrechas refinerías estatales.
Lo que sí garantiza el pacto, de forma inmediata y con un carácter irrevocable, es que Estados Unidos se llevará el 20 % de la producción total de la firma a un precio fijo de 30 dólares por barril. Nos están comprando el recurso más valioso del subsuelo a menos de un tercio de su valor internacional en los mercados recientes. Para colmo de males, como el crudo de nuestras cuencas es mayoritariamente pesado y extrapesado, el acuerdo deja en total ambigüedad quién asumirá los millonarios costos de los productos diluyentes indispensables para que el petróleo pueda fluir por los oleoductos hacia los puertos de embarque. En términos sencillos: nos compran a precio de gallina flaca, nos trasladan el riesgo y el costo operativo, y se aseguran el control prioritario de la producción por los próximos 50 años.
Lo más doloroso para el ciudadano de a pie, quienes hemos padecido la destrucción del bolívar con la hiperinflación, es ver los nombres estampados en ese pacto. El interinato -respaldado políticamente por la administración Trump— sonríe ante las cámaras de televisión desde Miraflores y califica el pacto de “histórico”.
Pero detrás de la cháchara se esconde el verdadero beneficiario y operador de esta trama: un polémico “empresario” deshonrosamente venezolano, de 46 años, asociado de forma indeleble en la memoria colectiva a los peores escándalos de corrupción y desfalco eléctrico durante la era del galáctico. A su lado también firma uno de apellido Alvarado, un sujeto cuyo nombre la Casa Blanca prefirió mantener bajo perfil, pero que ha sido identificado por fiscales federales estadounidenses como un co-conspirador no acusado en esquemas masivos de malversación de fondos dentro de la estatal PDVSA.
¿Esta es la transición prometida? La investigación demuestra que altos funcionarios de la administración de Trump no solo perdonaron los pecados judiciales del primero de esos “empresarios” presionando a las autoridades europeas para levantar su arresto domiciliario y permitirle viajar libremente, sino que le entregaron el control ciego de la operación petrolera al blindarlo con una cláusula contractual que exige una supermayoría de cinco votos en la junta para poder removerlo de su puesto como director ejecutivo.
Adicionalmente, el diseño institucional de la empresa mixta es un calco de subordinación colonial. La junta directiva de siete miembros encargada de regir el destino energético del país durante los próximos 15 años estará dominada permanentemente por ciudadanos estadounidenses seleccionados por Washington.
No existe un solo requisito que obligue a incorporar la participación del Gobierno venezolano, de técnicos nacionales o de ingenieros de nuestra propia tierra. Todo el entramado accionario se gestiona a través de una corporación matriz en Barbados, amparada bajo leyes de secreto corporativo que impiden al público venezolano conocer qué inversionistas anónimos, políticos o familiares cercanos se enriquecerán a manos llenas con el subsuelo nacional.
Para materializar esta controvertida estructura sin violar abiertamente las propias sanciones vigentes que prohíben a las agencias de desarrollo tradicionales de EE UU operar en territorio venezolano, la Casa Blanca recurrió a un subterfugio institucional inédito: la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono. Esta entidad, manejada por David Lorch —un exejecutivo proveniente de la firma de capital privado Cerberus—, fue la encargada de diseñar una ingeniería financiera donde el gobierno estadounidense adquiere el 35 % de las acciones de la empresa de Nabep pagando la irrisoria cifra nominal de 0,01 dólar por opción de acción.
Es un negocio redondo para Washington: adquieren activos que el propio Trump ha tasado en “cientos de miles de millones” de dólares sin poner un solo centavo de capital real por adelantado, extendiendo esas ventajas leoninas hasta los 75 años de la firma. Mientras tanto, senadores de las comisiones de servicios en el Congreso estadounidense ya empiezan a cuestionar la legalidad de que el Departamento de Defensa actúe como un fondo de inversión privado en zonas de conflicto, saltándose las leyes internacionales.
Mientras ellos debaten la legalidad en Washington, en Venezuela nos quedamos con la certeza de que el subsuelo nacional ha sido entregado en una concesión oculta de 100 años que viola flagrantemente el límite de 25 años establecido en nuestra propia legislación minera e hidrocarburífera.
Como bien sentenció el exdiplomático Brian Naranjo al evaluar el perfil de los negociadores seleccionados por la Casa Blanca, el verdadero valor que Nabep y sus socios aportaron a la mesa no fue el conocimiento técnico o la capacidad para reactivar los pozos, sino el tráfico de influencias, las conexiones políticas y el acceso privilegiado a las oficinas del poder.
La capacidad real de la empresa apenas alcanza los 200.000 barriles diarios —una gota que el mercado norteamericano consume en apenas tres días—, lo que echa por tierra la promesa de un impacto económico inmediato. Visto desde la realidad de nuestras refinerías paralizadas, las ciudades del interior del país sumidas en la oscuridad y las estaciones de servicio con largas colas, ese acuerdo no se siente como la llegada de la libertad ni como la reconstrucción nacional.
Se siente, con el peso de la historia sobre los hombros, como un reparto frío de botín de guerra. El territorio y los recursos los pone el suelo venezolano; las ganancias se desvían a cuentas secretas en el Caribe y las decisiones soberanas se tomarán en los tribunales de Texas.
Hemos cambiado un yugo ideológico autoritario por un pagaré corporativo que hipoteca a las próximas generaciones de venezolanos. Al final del día, la soberanía nacional no fue defendida ni recuperada; simplemente cambió de manos dentro de un maletín hermético en una oficina de Washington.
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