Se llama Abelardo Gabriel de la Espriella Otero; no es político de oficio, era un exitoso abogado penalista, fue defensor de Álex Saab, especialista en Derecho Comercial y litios internacionales; un ciudadano que saltó a la política sin paso previo por la función pública, al más puro estilo de Milley en Argentina, y así atrajo el voto de quienes no están contentos con el gobierno de izquierda que sale, y los votos de quienes no quieren otro gobierno de la derecha tradicional, que en Colombia se hace llamar liberales y conservadores.
También es empresario exitoso, resaltando por sus negocios en el área licorera y bienes raíces. Además de la nacionalidad colombiana, tiene la de Estados Unidos de Norteamérica y lazos filiales que le hacen italiano.
Nació en Bogotá en el seno de una familia acomodada, y dice sentirse hijo de la población de Montería en la provincia de Córdoba; su residencia habitual está en la ciudad de Barranquilla, a orillas del mar Caribe.
Estos orígenes y vida provinciana le permiten afirmar ser conocedor de la realidad económica y social del interior de su país. Desde su campaña electoral anunció la ruptura de la tradicional de gobernar desde la capital; de hecho, es oficial que despachará desde la ciudad de Barranquilla como sede alterna principal; igualmente lo hará desde las ciudades de Medellín y Cali.
Asimismo, anuncio su decisión de no salir del país durante los cuatro años de gobierno; afirma que durante ese tiempo visitará y despachará cada semana desde uno de los treinta y dos departamentos en que se divide el país.
En lo político, no solo lo afirma, y ya lo demuestra, tratará de gobernar sin congreso, en donde la mayoría petrista opositora lo trata de desconocer y desprecia, mientras las derechas no lo quieren o no le ven con buen ojo.
Dice poder sobrevivir en ese ecosistema negativo, pues su proyecto de gobierno no está relleno con grandes bloques de leyes mesiánicas que puedan construir una nueva sociedad, sino que funcionará con el impulso, uso y desarrollo del sistema legal vigente y existente, presentando a las cámaras legislativas del congreso el menor número posible de proyectos de ley que le sea posible y, por supuesto, hacer uso del gobierno por decreto, en tanto y en cuanto le sea conveniente a su propósito.
Lo que cobra más sentido cuando se lee que su gran promesa electoral fue la lucha contra el narcotráfico y los grupos irregulares que incluyen la guerrilla, la minería ilegal y los grupos que controlan el tráfico de contrabando y mercancías ilícitas.
Abelardo de la Espriella mira a Venezuela no como el socio que vio Petro, y que desaprovechó; más bien ve a un vecino problemático con el que no quiere hacer las paces. De hecho, en una entrevista con Noticias Caracol (principios de mayo de 2026), declaró que mantendrá vínculos con Venezuela por su importancia estratégica, pero que no negociará directamente con el Gobierno nacional y propuso canalizar el diálogo a través de Estados Unidos.
Respecto a la migración, afirma que quienes estén en situación irregular o delincan serán devueltos a su país. Su posición está tan clara que el nuevo embajador colombiano será un empresario del sector comercial, sin perfil político o diplomático, lo que envía el mensaje de la reconstrucción de relaciones comerciales y económicas. Para Venezuela, este nuevo gobierno, que mira hacia la derecha más dura, alineado con otra corriente de pensamiento, alejado de las teorías clásicas y más cerca de los gobiernos libertarios.
El nuevo presidente de Colombia es un reto completo y formal. Tiene intenciones de combatir a los grupos irregulares, no con amenazas o con ofertas de paz y diálogo, sino bombardearlos, llevarlos a las cárceles y fumigar los campos de productos ilícitos; política que cuenta con el beneplácito de Tío Sam, quien lo respalda abiertamente. Al menos esa es la intención y eso es lo que se espera para los próximos 4 años.
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