El pasado miércoles 24 de junio quedará grabado como el día en que la naturaleza nos recordó, con una fuerza devastadora e inédita en más de un siglo, nuestra profunda vulnerabilidad. El doblete sísmico de magnitudes 7,2 y 7,5, originado en la reactivación de la falla de Boconó-Morón, no solo estremeció el suelo bajo nuestros pies en Yaracuy; sacudió también la frágil normalidad en la que vivíamos y desnudó una realidad que ya no podemos seguir ocultando bajo la alfombra de la improvisación.
Mientras las miradas y las oraciones de toda la nación se concentran con dolor en las zonas de desastre de La Guaira y Caracas –donde la pérdida de vidas y el colapso estructural nos llenan de luto–, en San Felipe y cada rincón de nuestro estado nos enfrentamos a las réplicas y al miedo colectivo. Estar tan cerca del origen de ese fenómeno geológico nos obliga a formularnos una pregunta incómoda pero necesaria: ¿Estamos realmente preparados en Yaracuy para convivir con el riesgo sísmico, o dependemos únicamente de la buena suerte?
La respuesta honesta nos confronta. El pánico que se apoderó de nuestras calles evidenció que carecemos de una cultura de prevención real. Durante años, los simulacros en escuelas, oficinas y centros comerciales han sido la excepción y no la regla.
La mayoría de los yaracuyanos desconocía los protocolos básicos de evacuación, y el colapso inmediato de las redes de telefonía e internet nos dejó incomunicados y a merced de los rumores en las horas más críticas. La falta de información oportuna y de canales de emergencia locales es un vacío institucional que costará vidas si no se corrige con urgencia.
Pero la preparación no es solo un asunto de manuales de conducta; pasa por la evaluación estricta de nuestra infraestructura. Si antes del terremoto nuestros servicios públicos e instalaciones hospitalarias ya operaban al límite, hoy es un deber ineludible de las autoridades e ingenieros civiles locales realizar una auditoría profunda de puentes, edificaciones públicas y vías principales, como la autopista hacia Morón. La inestabilidad del terreno exige respuestas técnicas inmediatas, no promesas políticas.
Frente a esta emergencia, la resiliencia no puede ser sinónimo de resignación. Debemos reaccionar en dos frentes ciudadanos. Primero, exigiendo la reactivación de comités de protección civil comunitarios, con planes claros de contingencia sector por sector. Segundo, activando la histórica solidaridad de nuestra gente. San Felipe y todo el estado deben convertirse en un faro de auxilio para los damnificados de la costa central y la capital, organizando centros de acopio autónomos y transparentes controlados por la misma sociedad civil. La prevención en Yaracuy ya no es un tema de debate académico; es una urgencia de supervivencia.
Sin embargo, el sismo estructural no es el único peligro que nos acecha. La verdadera catástrofe que debe encender las alarmas no proviene de las profundidades de la tierra, sino de las grietas de nuestra propia descomposición social. Lo vivido en las horas posteriores a la tragedia constituye una herida autoinfligida que expone la peor de nuestras debilidades: la quiebra absoluta de los valores humanos básicos.
Mientras el país entero lloraba a sus muertos y miles de familias desesperadas rascaban la tierra buscando sobrevivientes entre los escombros, la delincuencia de oportunidad mostró su rostro más despiadado a través del saqueo de comercios y, de forma aún más vil, de la ayuda humanitaria recibida. El hecho, ya de por sí aberrante, adquiere un tinte verdaderamente tenebroso al confirmarse la participación activa de funcionarios policiales en el pillaje. Que aquellos pocos uniformados con la obligación constitucional de resguardar la vida y la propiedad privada se sumaran a la rapiña no es un simple problema de orden público; es la evidencia de una metástasis institucional y ética sin precedentes.
Este lamentable comportamiento exhibe las miserias morales más bajas. El egoísmo depredador de quienes aprovecharon el caos generalizado desbancó por completo cualquier vestigio de empatía o decencia. Cuando la ley se convierte en saqueadora y el ciudadano común normaliza el despojo utilizando la tragedia como perfecta excusa, se rompe de golpe el pacto civilizatorio que nos diferencia de las bestias. Ni el hambre ni la crisis económica que arrastra Venezuela pueden seguir siendo la eterna justificación para la barbarie. Quien roba a un comerciante o a una víctima que también lo perdió todo no busca sobrevivir; busca delinquir amparado en la impunidad de las sombras.
La reconstrucción que hoy urge en Venezuela no se limita únicamente a mezclar cemento y levantar edificios bajo estrictas normas de ingeniería civil. El desafío más titánico será la reconstrucción moral de nuestra sociedad. No podemos evitar que las placas tectónicas se muevan, pero está en nuestras manos evitar que la miseria humana nos devore.
Si permitimos que el ventajismo criminal sea la norma ante la próxima emergencia, habremos sobrevivido al rugido de la tierra solo para presenciar, de forma definitiva, la muerte de nuestra propia civilización.
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