Yarisol Figueira, abogada especialista en derecho laboral, denunció que el Ejecutivo nacional no ha publicado en Gaceta Oficial el reciente ajuste del ingreso de los trabajadores: «Un anuncio por televisión no es ley».
Según Figueira, esta omisión no solo representa una irregularidad administrativa, sino que coloca al ciudadano en un estado de indefensión jurídica al convertir la gestión pública en una serie de «decretos de palabra» que carecen de la formalidad necesaria para ser considerados ley.
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La experta señaló que el hecho de que estos ajustes se realicen bajo la figura de bonos y no de salario impacta directamente en el patrimonio de los trabajadores, jubilados y pensionados, al excluir tales montos del cálculo de prestaciones sociales, vacaciones y aguinaldos.
Sin embargo, considera que la gravedad del asunto aumenta cuando ni siquiera se cuenta con el instrumento legal impreso que certifique las condiciones del ajuste.
Sin la Gaceta Oficial, no existe certeza jurídica ni un documento base que permita al ciudadano impugnar decisiones o exigir el cumplimiento exacto de lo anunciado, permitiendo que las reglas de juego cambien de forma arbitraria según la conveniencia del momento.
Añadió que el uso sistemático de bonos no remunerativos para eludir la incidencia en los beneficios sociales es lo que en doctrina laboral suele denominarse fraude a la ley.
«Al no haber gaceta, se oculta la naturaleza jurídica de los conceptos pagados, imposibilitando que los tribunales laborales y la Inspectoría del Trabajo realicen un control de legalidad efectivo sobre si esos pagos deberían ser considerados salario normal según la LOTTT».
Para ella, la transparencia es el pilar fundamental de cualquier Estado de Derecho y exigir la publicación de los actos administrativos no es un capricho, sino un derecho constitucional.
