El anuncio en materia de ingresos realizado recientemente por el Ejecutivo Nacional ha generado confusión, rechazo y críticas por parte de trabajadores, dirigencia sindical y política, quienes coinciden en que la metodología de bonificación no solo profundiza la precariedad económica, sino que viola los derechos constitucionales.
A varios días del pronunciamiento, el escenario es de total opacidad. Aunque establecieron un ingreso de $240 para los trabajadores y $ 70 para jubilados y pensionados, aún no está claro si el ajuste fue directamente al salario o este se mantiene en Bs. 130, tampoco hay información clara si el incremento fue al Bono contra la Guerra Económica o cesta ticket.
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Tampoco han explicado cómo aplicarán la nueva estructura de tablas por profesionalización.
Hasta ahora, lo único certero es que a algunos trabajadores activos y jubilados les fue asignado un bono a través del Sistema Patria, el cual rondó entre los Bs. 17 mil y Bs. 24 mil, los cuales se diluyeron este mismo fin de semana en unos pocos productos básicos, lo que deja en evidencia una vez más que el poder adquisitivo sigue en caída libre.
Sentencia de muerte al salario
Armando Barreto, presidente del Colegio de Profesores del estado Yaracuy y líder de la Coalición Sindical Magisterial, calificó la medida como la consolidación de una estrategia que despoja al trabajador de su dignidad. «Lo que estamos presenciando es la ratificación de una sentencia de muerte para el salario mínimo».
Barreto advirtió que, al centrar el ingreso en bonos sin incidencia salarial, el Estado está ejecutando una maniobra para eliminar la seguridad social, pulverizando el ahorro de toda una vida y condenando a los jubilados a la indigencia. «La libertad y los derechos no se mendigan, se conquistan con organización y se defienden con disciplina».
«Venezuela es hoy un país donde trabajar ya no garantiza progresar. Mientras el ingreso sea una dádiva discrecional y no un derecho protegido, seguiremos bajo un esquema de explotación moderna. La lucha continúa, y solo la organización disciplinada de los trabajadores devolverá al país el valor del esfuerzo y la justicia social que hoy nos han arrebatado», dijo el docente.
Bono de profesionalización es discriminatorio
Por su parte, el dirigente sindical Carlos Falcón denunció la falta de respeto hacia los trabajadores, destacando que el salario mínimo permanece anclado en Bs. 130 desde marzo de 2022, una cifra que hoy equivale apenas a 26 centavos de dólar.
Falcón habló sobre las irregularidades del nuevo «bono de profesionalización», calificándolo de discriminatorio. «Excluyen al personal jubilado y se aplica bajo una escala desconocida y aleatoria. Muchos profesionales activos, incluyendo a los de la Asociación Venezolana de Escuelas Católicas (AVEC), aún no han recibido el pago», denunció.
«Los trabajadores del sector educación seguiremos insistiendo en la urgencia de la aprobación de la III convención colectiva, respeto a las escalas salariales establecidas en la ley, ajuste de acuerdo al artículo 91 de la Constitución. Insistimos en que bono no es salario», dijo.
Violación de la Constitución
La dirigente política de Voluntad Popular, Aida Coronado, sostuvo que no existe una intención real por parte del Gobierno de recuperar el valor del trabajo. «Este anuncio le da muerte a los artículos 89 y 91 de la Constitución», señaló Coronado.
Sostuvo que la justicia social es imposible sin una reconstrucción del país basada en una nueva distribución de la riqueza. «Se profundiza la necesidad de conectar la lucha social con la salida política y electoral. Necesitamos elecciones libres para recuperar el bienestar«, concluyó.
