El diputado a la Asamblea Nacional José Gregorio Correa hizo un llamado categórico este miércoles 22 de abril a revisar el modelo económico vigente en Venezuela, calificándolo como una «suma de errores y fracasos» acumulados durante los últimos 27 años.
El parlamentario enfatizó que la recuperación nacional pasa por el cese de las sanciones, la reactivación del crédito bancario y una reforma profunda de las leyes laborales, al mismo tiempo rechazó de manera contundente que sectores nacionales sigan solicitando medidas coercitivas contra el país. «Que un venezolano pida sanciones para Venezuela es grave. El que crea que las sanciones son para el Gobierno está muy equivocado; el que sufre es el venezolano que hace la cola, el que padece la escasez y la inflación».
Explicó que el bloqueo financiero no afecta a las cúpulas, sino al ciudadano de a pie que intenta realizar transacciones básicas o acceder a mercancías, por lo cual celebró cualquier apertura que permita liberar la economía.
Sobre el aumento salarial, Correa exhortó al Ejecutivo a evitar medidas «lineales» que asfixien a la pequeña empresa: «No es lo mismo una farmacia en un pueblo remoto que una cadena importante en Caracas. Un aumento lineal estrangula la economía. Deben existir políticas diferenciadas para que el incremento no se convierta en el doble de inflación».
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Uno de los puntos más críticos de su declaración fue la exigencia de derogar el decreto de inamovilidad laboral y redactar una nueva ley del trabajo. Correa calificó el marco legal actual como «desfasado» y perjudicial tanto para el empleador como para el empleado.
«Hay que derogar la inamovilidad laboral; eso se convirtió en un nido de vagos. No se puede sustituir a un trabajador que no cumple», aseveró. Asimismo, criticó que el sistema de prestaciones sociales actual es «pésimo» y no sirve al trabajador al momento de su liquidación, manteniendo a la fuerza laboral dependiente de bonificaciones que no impactan en su futuro.
Correa recordó el impacto negativo de las políticas de expropiación, citando el caso de Agroisleña como ejemplo del daño causado a la agricultura nacional. «Hoy no hay una empresa expropiada que sea próspera. El trabajador no tenía el capital ni la tecnología para producir esos terrenos».
Finalmente, el parlamentario instó a que los nuevos ingresos provenientes del petróleo y la minería se destinen exclusivamente a la inversión social y a resolver las necesidades económicas reales de la población, la cual, a su juicio, está cansada de las contradicciones políticas. «El ciudadano común, que no cree ni en el gobierno ni en la oposición, lo que necesita es paz y que el Estado le resuelva sus problemas con políticas adecuadas», concluyó.
