La abogada Yarisol Figueira se pronunció en rechazo al reciente acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos.
Sostuvo que existe un vicio de inconstitucionalidad por omisión del control parlamentario: «Todo contrato de interés público nacional, así como los convenios internacionales de gran magnitud que comprometan los recursos estratégicos de la Nación, requieren obligatoriamente la aprobación de la Asamblea Nacional«.
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Explicó que la omisión del control legislativo vulnera el principio de separación de poderes, vacía de contenido la representación popular y vicia de nulidad absoluta (ab initio) cualquier compromiso o cesión que pretenda obligar patrimonial o jurídicamente a la República. «Es decir, ni la AN 2015 y menos la de 2021 ejercieron el control de acuerdo a la Constitución».
Añadió que hay falta de legitimidad de origen y ejercicio y además dijo que rechaza categóricamente «la estrategia de comunicación pública orientada a encandilar a la ciudadanía con cifras macroeconómicas descontextualizadas y proyecciones financieras sin sustento contractual visible».
«El patrimonio público y la política exterior de la Nación no son propiedad de una cúpula ni pueden negociarse en mesas a puerta cerrada. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Firmar pactos que condicionan el futuro energético y geopolítico del país a espaldas de los ciudadanos constituye una afrenta directa a los principios democráticos más elementales«.
Fue clara al decir que esta posición no responde a pasiones coyunturales, caprichosas, ni a intereses partidistas; «se sustenta en un análisis estrictamente objetivo, técnico e institucional y de un derecho como ciudadana irrenunciable. Es una postura jurídica rigurosa y con un profundo sentido de país».
