Representantes del gobierno interino y de la delegación de la oposición parlamentaria concluyeron este miércoles 21 de octubre una tercera ronda de negociaciones con acuerdos para emprender una «revisión profunda» del marco legal que rige la actividad política, las inhabilitaciones administrativas y la legislación penal en el país, con la reforma de cuatro leyes reseñó El Nacional.
El anuncio se conoció a través de una declaración conjunta suscrita por Dinorah Figuera, jefa de la delegación de la Asamblea Nacional electa en 2015, y Jorge Rodríguez, presidente de la AN 2020, en representación del Ejecutivo.
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El pronunciamiento realizado la noche del miércoles ratificó el compromiso de juramentar este jueves 22 ante la plenaria legislativa al Comité de Postulaciones Judiciales, tras completarse la selección de 12 representantes provenientes de la sociedad civil.
Jorge Rodríguez precisó que este 22 de octubre el Poder Legislativo formalizará la juramentación de la instancia encargada de evaluar y seleccionar a los aspirantes a ocupar las salas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Los 12 voceros civiles se integrarán con los 11 diputados para conformar la nómina definitiva de postulados a magistrados principales y suplentes.
Entre los instrumentos jurídicos a ser revisados y reformados están: la Ley de Partidos Políticos, Reuniones públicas y Manifestaciones (para la legalización de los partidos); la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (para el proceso de inhabilitaciones); la Ley Orgánica Simón Bolívar y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (para revisar la definición y tipificación del terrorismo).
De manera paralela, ambos sectores comenzaron a diseñar la creación de la Defensoría de Garantías Políticas y Participación Ciudadana, concebida como un órgano especializado para vigilar y resguardar el ejercicio de los derechos civiles.
La revisión del régimen sancionatorio de la Contraloría responde a una de las exigencias medulares de la oposición democrática para restituir los derechos de sufragio pasivo, mientras que la redefinición penal sobre terrorismo busca evitar la criminalización de la disidencia.
Ambos pasos, junto con la reestructuración del TSJ, representan los primeros acuerdos formales del diálogo para destrabar el cronograma hacia futuros comicios electorales.
Asimismo se acordó conformar una comisión paritaria que gestione ante las instituciones del Reino Unido el desbloqueo del oro retenido en el Banco de Inglaterra.
Crear marco de libertades
Luego de la presentación de los acuerdos, Dinorah Figuera, representante de la AN de 2015 recalcó que con estos acuerdos se avanza en lograr la responder a la demanda la «gran demanda del pueblo venezolano es que haya elecciones y tenemos la voluntad política cada día de comprometernos a buscar ese camino”.
