La dolarización oficial en Venezuela representa una solución de estabilización nominal rápida frente a la desconfianza monetaria crónica, pero enfrenta severas restricciones de viabilidad fiscal, jurídica e institucional. Aunque la economía venezolana opera bajo una dolarización de facto y transaccional, formalizar este esquema como política de Estado implica sopesar la eliminación de la devaluación frente a la pérdida definitiva de autonomía macroeconómica.
1.- Marco contextual: De la dolarización espontánea a la formal: A raíz del ciclo hiperinflacionario, la depreciación continua del bolívar y el colapso del crédito, la sociedad venezolana adoptó el dólar estadounidense de manera informal para preservar el poder adquisitivo y facilitar el comercio cotidiano.
Sin embargo, existe una brecha sustancial entre una dolarización transaccional o espontánea (donde conviven múltiples medios de pago y el Banco Central retiene potestades de emisión) y una dolarización formal o plena, en la que el bolívar desaparece como moneda de curso legal y todas las obligaciones, pasivos, contratos y salarios se convierten a dólares de forma irreversible.
2.- Factibilidad técnica, fiscal e institucional: La implementación formal del dólar en Venezuela tropieza con tres barreras estructurales:
Insuficiencia de reservas de liquidez: Para sustituir la base monetaria en bolívares y garantizar la cobertura de los depósitos bancarios, el Banco Central de Venezuela (BCV) requeriría un stock inicial de divisas líquidas del cual carece. Una conversión precipitada con bajas reservas forzaría un tipo de cambio de canje extremadamente alto, licuando el valor real de los ahorros y salarios restantes.
Disciplina fiscal y endeudamiento: Una economía dolarizada no puede financiar el déficit público mediante emisión inorgánica. El Estado venezolano, dependiente de ingresos petroleros volátiles y con un acceso severamente restringido al crédito financiero internacional, se vería obligado a operar con un presupuesto balanceado estricto o incurrir en cesaciones de pagos recurrentes ante caídas del precio del crudo.
Rigidez constitucional y relaciones bilaterales: El artículo 318 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece expresamente al bolívar como unidad monetaria nacional y atribuye las competencias monetarias exclusivas al BCV. Una reforma formal exige cambios constitucionales de fondo. Además, operar formalmente con la divisa estadounidense demanda canales de cooperación y compensación bancaria con el sistema financiero de Estados Unidos, inviables sin una resolución plena de litigios internacionales y restricciones de sanciones financieras.
3.- Ventajas de la dolarización formal: Freno drástico a la hiperinflación y a la devaluación: Elimina la capacidad del Ejecutivo de monetizar el déficit fiscal. Los precios internos convergen tendencialmente hacia la inflación internacional del dólar, erradicando el riesgo cambiario para inversiones locales.
Previsibilidad y cálculo económico: Facilita la elaboración de balances contables, presupuestos empresariales y proyecciones de inversión a mediano y largo plazo sin el sesgo distorsionador de la depreciación nominal.
Reducción de costos transaccionales: Suprime las ineficiencias de operar con sistemas contables duales, diferenciales de tipos de cambio paralelos y brechas entre el tipo de cambio oficial y el del mercado informal.
Fomento al ahorro nominal: Al desaparecer el peligro de una devaluación abrupta, se genera mayor certidumbre jurídica y confianza para que los agentes económicos conserven valor dentro del sistema bancario formal.
Desventajas y riesgos estructurales. Pérdida de la política monetaria y cambiaria: El país renuncia a fijar tasas de interés adaptadas a su propio ciclo productivo y no puede recurrir a la depreciación cambiaria como mecanismo amortiguador ante caídas en los precios del petróleo. Las decisiones quedan supeditadas a la política monetaria de la Reserva Federal estadounidense, que responde a la realidad de EE UU y no a la de Venezuela.
Inexistencia de prestamista de última instancia: El BCV pierde la capacidad de emitir liquidez para socorrer al sistema financiero ante una corrida de depósitos o una crisis bancaria sistémica, dependiendo exclusivamente de fondos de contingencia o endeudamiento externo.
Pérdida del señoreaje: El Estado cede los ingresos generados por la emisión y circulación de la moneda nacional propia.
Encarecimiento relativo y pérdida de competitividad: Sin la herramienta cambiaria, cualquier ajuste ante crisis externas debe procesarse por la vía real: reducción de la actividad económica, compresión de salarios o incremento del desempleo. La producción nacional corre el riesgo de volverse costosa frente a importaciones subsidiadas o de países vecinos con monedas flexibles.
La dolarización formal en Venezuela funcionaría como una «camisa de fuerza» que erradicaría de inmediato el financiamiento inflacionario del gasto, pero no resolvería por sí sola los desequilibrios de productividad, la inseguridad jurídica ni la fragilidad de las finanzas públicas.
Dada la falta de reservas líquidas para un canje ordenado y las rigideces constitucionales vigentes, resulta inviable a corto plazo como decreto oficial; su éxito potencial dependería de un previo saneamiento fiscal integral, reformas institucionales profundas y el restablecimiento del acceso al financiamiento internacional. Hasta otro » Con Hidalguía».
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