El gobierno de Trump se dispone a extender por 60 días más el plazo de Chevron Corp. para detener sus operaciones en Venezuela, mientras Estados Unidos continúa las negociaciones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro sobre los vuelos de repatriación y el destino de los detenidos estadounidenses en el país, según una fuente familiarizada con el asunto, reseñó Alberto News haciendo alusión a una publicación de Bloomberg.
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Estados Unidos planeaba anunciar la extensión más tarde el martes, el mismo día en que el enviado del presidente Donald Trump, Richard Grenell, viajó a Antigua para reunirse con miembros del gobierno de Maduro, según la fuente, que pidió no ser identificada debido a que se trata de deliberaciones privadas.
La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. El Tesoro de Estados Unidos había fijado previamente el 3 de abril como fecha límite para que Chevron concluyera sus operaciones en el país, pero la extendió para darle más tiempo a la petrolera.
Los bonos del gobierno venezolano y de la petrolera estatal subieron tras la noticia, y los bonos soberanos en dólares con vencimiento en 2031 subieron 0,5 centavos, alcanzando un máximo de la sesión.
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Chevron, que cuenta con una autorización del Departamento del Tesoro para operar en Venezuela a pesar de las sanciones estadounidenses, es un motor clave del crecimiento económico del país. La compañía ha incrementado su producción en los últimos años para abastecer aproximadamente el 20% de la producción venezolana, lo que ha contribuido a inyectar divisas al sector privado del país.
Maduro había agradecido previamente a Trump por permitir que una niña pequeña se reuniera con su madre, lo que podría indicar una distensión en las relaciones entre ambos gobiernos. La niña llegó a Caracas la semana pasada. Venezuela acordó continuar con los vuelos regulares para el retorno de sus migrantes desde Estados Unidos.
Por otra parte, el jueves, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al gobierno de Trump a poner fin a las protecciones legales de 350.000 venezolanos, privándolos del derecho a vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos y exponiendo a muchos de ellos a la posibilidad de ser deportados.
