El pasado 16 y 17 de noviembre se produjeron las excarcelaciones de más de 160 presos políticos –de acuerdo con cifras del Foro Penal–, detenidos en el contexto de las protestas poselectorales del 28 de julio. La medida se produjo luego de que el presidente Nicolás Maduro solicitara al Ministerio Público el 11 de noviembre «rectificar» si hay algún caso que se deba «revisar».
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Días antes de la solicitud de Maduro, una comisión técnica de la Corte Penal Internacional (CPI) se encontraba prestando asistencia penal al sistema de justicia venezolano, y visitando algunos de los recintos penitenciarios donde se encuentran presos políticos. Los funcionarios del organismo internacional se entrevistaron con familiares de detenidos por las protestas poselectorales.
Durante casi tres meses, la administración de Maduro sostuvo que los detenidos luego de los comicios presidenciales eran “terroristas”; muchos fueron enjuiciados y sentenciados.
TalCual (Caracas), El Impulso (Lara), La Nación (Táchira), Yaracuy al Día (Yaracuy), El Tiempo (Anzoátegui), Correo del Caroní (Bolívar), La Verdad (Zulia), Runrunes (Miranda) y Radio Fe y Alegría (Apure, Carabobo y Guárico) le preguntaron a sus lectores a qué consideran se debió esta medida, que de acuerdo con el fiscal general, Tarek William Saab, no llega solo hasta el 17 de noviembre: prometió más excarcelaciones en los próximos días.
«A su juicio, ¿las excarcelaciones de presos políticos detenidos después del 28J, ocurridas el 16 y 17 de noviembre, responden a…?» fue la pregunta que se les hizo a los lectores. La visita de una comisión de la CPI fue la opción más votada, con un total de 845 votos.
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Le siguió la opción «presión de familiares y ONG de derechos humanos», con 593 votos, y de último lugar estuvo la opción «trabajo del Ministerio Público y el Poder Judicial», con 199.
Las consultas se hicieron entre el 20 y 22 de noviembre, a través de redes sociales (X, Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram) y también en la calle: en la Plaza Bolívar de San Juan de los Morros (Guárico), el Paseo Libertador de San Fernando (Apure) y Plaza Urdaneta de Naguanagua (Carabobo). 1.637 votos se recibieron.
En Anzoátegui (El Tiempo), Apure, Carabobo, Guárico (Radio Fe y Alegría) y Yaracuy (Yaracuy Al Día) los lectores que respondieron la consulta, atribuyeron la decisión a las acciones de familiares y organizaciones de derechos humanos.
Desde el 29 de julio, cuando se supo de las primeras detenciones, las distintas organizaciones que velan por los derechos humanos en Venezuela, así como familiares de los detenidos, han realizado una serie de gestiones, vigilias, marchas y reuniones con organizaciones, nacionales e internacionales, solicitando la liberación de sus familiares.
De acuerdo con el más reciente balance del Foro Penal, en Venezuela la cifra de presos por el conflicto poselectoral es de 1.887, de estos 1.303 personas habían sido detenidas entre el 29 de julio y el 1 de agosto, en el contexto de las protestas posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Mientras que el 31 de julio, el Ministerio Público indicaba que había un total de 1.062 personas aprehendidas y que serían procesadas ante la justicia venezolana por su presunta vinculación «con focos de violencia en varios estados del país».
