El defensor de derechos humanos habló sobre las diferentes denuncias que han estado haciendo de irregularidades en los procesos de los detenidos por casos políticos antes y después del 20 de julio
El abogado y especialista en Derechos Humanos, activista de Provea, Eduardo Torres, quien en las últimas semanas ha dado seguimiento y acompañamiento a los detenidos luego de las elecciones del 28 de julio, estuvo recientemente en nuestra sección Desde la Redacción, y expresó que en Venezuela se vive un panorama reiterativo de vulneración de los derechos humanos.
Aseguró que en el país hay 2.200 “nuevos presos políticos”, y por esto resaltó la importancia que tiene en estos momentos la conformación de una gran alianza, no solo entre los familiares de los detenidos, sino de toda la sociedad y así trabajar por su pronta libertad.
Asimismo, hemos venido reiterando que es necesario que el Gobierno cumpla la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como los pactos y tratados internacionales referentes a esta materia.
¿Cuáles son las denuncias que ustedes, como defensores de DD HH, realizan en torno a las detenciones por casos políticos?
El sistema de justicia lo que hace es seguir unos patrones de vulneraciones, el primero es el de las detenciones arbitrarias. A esto se le suma lo que hemos venido detectando y denunciando que son las desapariciones forzadas.
El tercer patrón es el que se agudiza después del 23 de enero, que es el que luego de una detención, como es el caso del yaracuyano Luis Camacaro, no se comunican con los familiares ni con los abogados, ni mucho menos se permite que los procesados tengan la defensa de su abogado de confianza.
Las audiencias se están realizando en horas de la noche y en la madrugada, como la que se realizó al Dr. Perkins Rocha. En el caso de Biagio Pilieri nos enteramos cinco días después de que el acto se había efectuado. Y es que ahora se realizan las llamadas audiencias telemáticas, que nadie sabe cómo son y cómo se realizan.
Los jueces de terrorismo siempre son los mismos. Los fiscales que utilizan para incriminar o acusar a los ciudadanos siempre son los mismos y si algún fiscal se niega a imputar por terrorismo, termina siendo detenido.
¿Qué nos puede decir sobre la situación del estado Yaracuy en este contexto?
En el caso de Yaracuy, que ha sido un estado muy golpeado por la persecución, basta con mencionar los casos de Luis Camacaro, Dignorah Hernández, Mónica Martínez y Biagio Pilieri.
También se han presentado casos que nos debe llamar a la reflexión, por ejemplo, esos jóvenes detenidos luego de las elecciones. En este punto quiero mencionar el caso de Ricardo Brito, un joven de 19 años pero, cognitivamente, es un niño de 12 años, es decir, tiene una condición especial. Desde su nacimiento sufre de paladar hendido, además presenta problemas de habla y audición. Este joven está bajo tutela de su abuela.
Hemos solicitado a las instancias pertinentes la liberación de este joven que fue detenido arbitrariamente. Durante su permanencia en la comandancia de San Felipe sufrió depresión, no quería comer.
Le estamos dando acompañamiento a su abuela y se ha llegado a diferentes instancias, entre ellas la Defensoría del Pueblo sin obtener respuesta positiva.
Lo peor del caso es que recientemente, sin anuncio alguno, fue trasladado a la cárcel de Tocorón, donde su abuela permanece en las afueras en busca de más información.
Los entes internacionales hacen informes y dictan medidas, pero siguen más de 2.000 personas detenidas, ¿qué falta?
A la par de todo el esfuerzo en materia de derechos humanos que se está realizando a lo interno e internacionalmente, hace falta que los ciudadanos, los familiares en principio, se organicen, y se constituyan los comités por la libertad de los presos políticos, de los ciudadanos injustamente detenidos.
Todos los ciudadanos venezolanos deben unirse a las luchas por los derechos, por libertad, por democracia, por elecciones, pero también es por el derecho a la dignidad, a que ya no estén dentro de las cárceles ningún inocente. Ese es el reto que tiene planteada, no solo la familia, sino la sociedad venezolana.
