Luis Fuenmayor
En Venezuela no habría discusiones tan acaloradas y difíciles sobre los procesos electorales, si el organismo rector de los mismos, el Consejo Nacional Electoral, estuviera apegado a la Constitución y fuera un poder realmente independiente y soberano.
Lamentablemente no lo es, y eso lo sabe el Gobierno y su partido el PSUV, lo saben los integrantes de ese fantasma que llaman Polo Patriótico, lo sabe la oposición que hace vida en la Asamblea Nacional y que participó en el proceso de designación de sus integrantes y lo sabe también la oposición radical, que se ha mantenido al margen y ha adoptado durante períodos prolongados conductas también inconstitucionales.
Todo el mundo sabe en Venezuela que el poder electoral está sometido a la voluntad del Poder Ejecutivo. Y si el supuesto árbitro no es imparcial, todas las elecciones bajo su mandato estarán fuertemente teñidas de ser inequitativas con quienes participan en ellas.
Y no estoy entre los ingenuos que creen en la imparcialidad absoluta, y menos en la Venezuela de hoy. No podemos tener un ente totalmente imparcial, ajeno a toda presión que conspire contra la equidad y la justicia en el proceso.
De hecho, el consejo supremo electoral del pasado, muchísimo más equitativo e imparcial que el actual, tanto que permitió la participación y el triunfo de Hugo Chávez, no era un organismo totalmente imparcial.
Recuerden como adelantó las elecciones de gobernadores de 1998, para no hacerlas coincidir con la elección presidencial y evitar que el voto por Chávez arrastrara la votación en todas las gobernaciones hacia los candidatos chavistas. Pero, ninguno de aquellos organismos llegó a producir decisiones aberrantes tan numerosas, ni que afectaran a una proporción mayoritaria de los votantes.
De hecho, no impidió el triunfo de Caldera frente a Gonzalo Barrios por una pequeña diferencia, ni tampoco el triunfo del mismo Caldera contra los partidos del puntofijismo.
Un organismo electoral donde claramente hay tres integrantes del oficialismo y dos de la oposición no es imparcial, no lo puede ser, pues un sector tiene la mayoría y va a actuar con esa mayoría en función de sus intereses.
Las decisiones que deba tomar normalmente en forma cotidiana y aquellas que deban producirse ante denuncias de diverso tipo, estarán, y de hecho han estado, dirigidas en función no de la equidad ni la justicia, sino de los intereses del partido de Gobierno.
Ha sido así y seguirá siendo así, mientras la composición del cuerpo sea la de tres miembros del Gobierno y dos de la oposición, o como fue por mucho tiempo: 4 a 1. En este absurdo reside el problema de la parcialización de un poder que debería ser independiente. Y esto no se controla con promesas gubernamentales, ni con acuerdos en mesas de diálogo, ni con misiones de observación electoral.
Algunos han señalado que la única forma de tener un poder electoral imparcial, sería que sus integrantes no tuvieran ninguna parcialidad política, algo muy difícil de lograr, a menos que se trajera a unos extraterrestres para la integración del CNE.
Una posibilidad más realista, y que además fue ensayada por años en el pasado adecocopeyano, es la de integrar el organismo con personas serias, de trayectoria intachable, sensatas y de pensamiento plural.
Alguien dirá que eso es muy difícil. Seguramente lo es, pero no es una misión imposible. La esencia del asunto es integrar el directorio del CNE con cuatro de esos personajes como principales, y si pensamos que el país por mucho tiempo va a tener dos sectores fundamentales: el Gobierno y la oposición, dos de ellos podrían ser cercanos al Gobierno y los otros dos cercanos a la oposición.
Inmediatamente después de sus designaciones, estos cuatro principales deberían escoger por unanimidad al quinto miembro, quien sería el presidente del organismo.
Un CNE escogido de esta forma con toda seguridad generaría muchísimas menos suspicacias y desconfianza que con la fórmula actual.
Sería, este sí, un poder independiente y soberano, y se ganaría paulatinamente la confianza del país. Sería una forma de iniciar la reinstitucionalización de Venezuela, y con ella acercarnos a la paz y el bienestar.
Lamentablemente, no creo que la dirección política gubernamental actual tenga el amor por Venezuela, la sensatez y la valentía para asumir una propuesta de este tipo. Tampoco estoy seguro que la oposición la asuma, pues desde ya estaría pensando como lidiarían con esta fórmula si luego fueren gobierno.
