La Fiscalía federal de Nueva York solicitó formalmente el rechazo de la libertad provisional para Cilia Flores, argumentando un “riesgo extremo de fuga” y un grave peligro para la comunidad.
En un escrito presentado la noche del 23 de septiembre, los fiscales del Distrito Sur sostienen que la pena mínima de 40 años que enfrenta —y la posibilidad muy real de pasar el resto de su vida en prisión a sus 69 años—, combinada con el acceso a recursos financieros considerables, vuelve insuficiente cualquier medida de arresto domiciliario.
Tanto Flores como su esposo Nicolás Maduro se han declarado inocentes de los cargos presentados. Las acusaciones sobre narcotráfico, corrupción y violencia corresponden exclusivamente a los señalamientos de los fiscales y aún deben ser probadas en un juicio cuyo inicio está programado para el 1 de junio de 2027, encontrándose el proceso actualmente en su fase previa.
La Fiscalía detalló que dos de los tres cargos que se le imputan activan una presunción legal favorable a la detención preventiva, contemplando penas máximas de hasta cadena perpetua.
Asimismo, advirtieron que la evidencia en su contra es “sólida” e incluirá el testimonio de testigos cooperantes que habrían participado o tenido conocimiento de actividades de narcotráfico, sobornos, recepción de cocaína incautada, así como de órdenes de secuestros, golpizas y asesinatos.
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Para refutar la solicitud de la defensa, que propuso un régimen con vigilancia armada las 24 horas, monitoreo por GPS, visitas restringidas y un custodio externo, los fiscales señalaron que esas condiciones evidencian precisamente la capacidad económica de la acusada para mantener dicha infraestructura.
El Ministerio Público también alertó sobre el peligro de que Flores mantenga comunicación con presuntos coconspiradores en libertad en Venezuela, lo que le permitiría coordinar acciones de intimidación, presión o violencia contra testigos y víctimas ubicados tanto en territorio venezolano como en el extranjero.
Finalmente, respecto a los fundamentos médicos presentados por la defensa sobre una posible afección cardíaca sufrida en julio que requeriría atención externa, la Fiscalía respondió que la procesada ha recibido “una atención excelente” y que el Buró Federal de Prisiones cuenta con la capacidad de atender su salud.
Tras la entrega de informes médicos bajo sello, la defensa tiene hasta el 30 de septiembre para responder, mientras que el juez federal Alvin K. Hellerstein fijó la audiencia sobre la libertad provisional para el próximo 8 de octubre.
