Para revivir la economía formal, abrir una empresa en Venezuela no puede seguir siendo un calvario de meses de gestiones y cobros de impuestos, tasas y contribuciones. De hecho, las trabas burocráticas han forzado un ecosistema alarmante: estimaciones de consultoras del sector mercantil indican que 7 de cada 10 negocios en Venezuela operan hoy en la informalidad debido a las excesivas barreras. Se requiere aplicar una política de «cero aranceles internos» y un registro digital único y simplificado que permita formalizar una empresa en 24 horas. Menos regulaciones reducen el margen de la corrupción y dan el incentivo directo para que el sector informal dé el salto hacia la legalidad.
Al retirar las manos estatales de la actividad comercial, los limitados recursos públicos se concentrarán en las únicas áreas que le corresponden. Esto implica ejecutar una reforma judicial profunda que despolitice los tribunales y garantice la existencia de jueces independientes. En el Índice Mundial de Libertad Económica del Instituto Fraser (coordinado localmente por Cedice Libertad), Venezuela ocupa el puesto 165, arrastrando las peores puntuaciones en el respeto a los derechos de propiedad y la seguridad jurídica. Si los contratos se respetan y las propiedades están seguras frente a expropiaciones, las inversiones productivas llegarán por sí solas.
Habría que mantener los programas sociales para evitar traspasar la puerta de una catástrofe humanitaria total. La solución liberal-pragmática consiste en eliminar los nocivos controles de precios y los ineficientes subsidios indirectos (como regalar tarifas de agua o luz para que luego los servicios no funcionen) y sustituirlos por subsidios directos y temporales en efectivo orientados exclusivamente a las familias en pobreza extrema. Esto dinamita la corrupción de las redes clientelares de distribución burocrática y otorga al ciudadano la soberanía y libertad de decidir cómo gastar su dinero en un mercado plenamente competitivo.
Definitivamente, el debate ya no es si el Estado debe ser grande o pequeño; el debate es si queremos seguir siendo súbditos de una burocracia ineficiente o ciudadanos libres de una economía productiva. Venezuela necesita transitar, con urgencia, hacia un modelo donde el Estado haga pocas cosas, pero las haga bien, dejando que la fuerza creativa y trabajadora de su gente se encargue del resto. Y si ello significa una reforma constitucional, pues un nuevo parlamento electo deberá hacerla.
Por décadas, Venezuela ha sido el laboratorio perfecto del macroestatismo. El dogma de que el Estado debe ser el motor de la sociedad, el único dueño de las industrias y el tutor de la vida ciudadana no solo modeló nuestra economía, sino que terminó por asfixiarla. Frente a este panorama de hipertrofia gubernamental, la teoría que propone reducir las funciones del Estado estrictamente a la seguridad, la justicia y la defensa surge no como una utopía académica, sino como una necesidad urgente para repensar nuestro futuro.
El contraste es total. Mientras se debe buscar un Estado, fundamentalmente gendarme, que garantice las reglas del juego sin participar en él, los venezolanos hemos vivido bajo un Estado “jugador, árbitro y dueño del estadio”. Esta concentración de funciones generó una paradoja funesta: un gobierno que intervino en todo (precios, monedas, empresas y distribución de alimentos, etc.), pero que falló estrepitosamente en sus tareas más fundamentales. La seguridad ciudadana y la imparcialidad de la justicia —las únicas dos cosas que deberíamos requerir del poder público— pasaron a ser las mayores deudas institucionales del país. El reflejo de este colapso institucional ha quedado plasmado a nivel internacional: el informe de The Heritage Foundation (2025) clasifica a la economía venezolana en el puesto 174 a nivel mundial, categorizándola como un sistema económicamente “reprimido” por la asfixiante interferencia estatal.
En el contexto actual y de cara al porvenir a partir de 2028, debe adoptarse una reducción total del Estado de forma gradual, pero sin pausa. Hay que tomar en cuenta que la destrucción del tejido social y los niveles de pobreza exigen redes de contención temporal mientras se resuelve el problema de fondo. La urgencia es matemática: según los datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) de la Universidad Católica Andrés Bello, el 68,5% de los hogares del país se encuentran en situación de pobreza monetaria, mientras que un preocupante 31,7% sobrevive en pobreza extrema. Tras más de un cuarto de siglo de un experimento fallido, achicar el aparato burocrático es el único camino racional para salir del foso rentista.
Para desmontar el coloso estatal y devolverle el protagonismo al ciudadano, se deben aplicar soluciones pragmáticas y urgentes adaptadas a nuestra realidad:
El Estado debe dejar de ser un administrador ineficiente de cables, refinerías y plantas eléctricas. La privatización transparente de los servicios públicos colapsados aliviará de inmediato la carga fiscal del gasto público. Incluso en el sector hidrocarburos, el modelo debe migrar desde el monopolio inoperante de PDVSA hacia un esquema de concesiones competitivas a petroleras internacionales, blindando únicamente la captación de regalías e impuestos. La urgencia de apartar al sector público de la administración de recursos comerciales la respalda Transparencia Internacional, cuyo Índice de Percepción de la Corrupción ubica a Venezuela en el puesto 180 de 182 países, consolidándolo como el tercer país percibido como más corrupto del planeta debido a la falta de controles y el manejo discrecional de los fondos del sector público.
El Banco Central de Venezuela ha funcionado históricamente como una máquina de licuar el poder adquisitivo mediante la emisión de dinero sin respaldo para financiar el déficit. Siguiendo el principio de arrebatarle el control de la moneda a la conveniencia política, es indispensable formalizar y garantizar legalmente la libre competencia de monedas. Permitir que los ciudadanos transen, ahorren, lleven su contabilidad y paguen impuestos en dólares, euros o cualquier otra divisa estabilizará de forma definitiva los precios del mercado.
