La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) concluyó este jueves 12 de marzo que “no existe una base razonable” para investigar las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad.
La decisión se refiere a la denominada “Situación en Venezuela II”, abierta tras remisión presentada por el Gobierno venezolano en 2020, en la que denunciaba que “las medidas coercitivas” estadounidenses habrían provocado asesinatos, persecuciones, deportaciones y otros actos inhumanos.
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Tras un examen preliminar, la Fiscalía de la CPI concluyó que las pruebas disponibles no permiten establecer una relación de “causalidad e intención” suficiente entre las sanciones y los delitos alegados por Caracas.
Según la oficina del fiscal, la información analizada tampoco demuestra que dichos actos se hayan cometido con la intención requerida para configurar crímenes dentro de la jurisdicción de la corte. El tribunal notificó la decisión a las autoridades venezolanas y a la Sala de Cuestiones Preliminares, y Caracas dispone de plazo de 90 días para solicitar la revisión de la decisión.
La Fiscalía subrayó que esta decisión no afecta a otra investigación distinta, conocida como Venezuela I, que sigue en curso y se centra en presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país desde al menos 2014, especialmente en el contexto de detenciones.
“La decisión tampoco está relacionada con los acontecimientos de enero de 2026 en Venezuela”, advirtió la Fiscalía, en referencia a la operación estadounidense que derivó en la captura de Nicolás Maduro, quien gobernó Venezuela durante más de 12 años, y que se encuentra arrestado en Estados Unidos desde entonces a la espera de juicio por sus supuestos vínculos con el narcotráfico.
