“Debe incorporar reglas claras y principios estables para la fijación de precios, el proyecto de reforma parcial de la Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos, discutido en primera instancia el 22 de enero en la Asamblea Nacional”, afirmó el presidente de Consecomercio José Gregorio Rodríguez, quien advierte que, la ausencia de criterios definidos abre espacio a la discrecionalidad y limita la seguridad jurídica del sector comercial.
Rodríguez explicó que el gremio ya revisó el documento —que contiene 96 artículos— y que, en una primera lectura, identifica avances frente al marco vigente.
Recordó que la legislación actual ha sido “excesivamente punitiva” y generó un ambiente de “coerción” que permitió que algunos funcionarios aplicaran sanciones de manera discrecional, alejándose del propósito original de la norma.
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Uno de los puntos que el sector considera prioritarios es la metodología oficial para la determinación de precios. Rodríguez señaló que, en el pasado, las resoluciones derivadas de la Ley Orgánica de Precios Justos permitían incluir solo un 12% de ciertos costos adicionales dentro de la estructura final, dejando por fuera factores como servicios públicos, seguros, traslados, créditos, carga tributaria y otros elementos que inciden directamente en el precio de venta.
“Detrás de cualquier producto importado hay una estructura de costos compleja: puertos, aeropuertos, transporte, seguros, impuestos y deficiencias en servicios públicos”, afirmó. Sostuvo que la mayoría del sector trabaja “de manera seria y honesta”, aunque reconoció que siempre existen excepciones.
Sobre el mecanismo de “encuentros” o “acuerdos” que plantea el proyecto de reforma, el presidente de Consecomercio indicó que el sector propondrá que la ley establezca principios rectores que orienten la fijación de costos y precios. Considera que estos lineamientos deben quedar claramente definidos para evitar que puedan modificarse según el gobierno de turno.
