La situación conflictiva en Bolivia se ha intensificado en lo que va de semana con el inicio de la tercera semana de bloqueos de carreteras protagonizados por los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019).
Esta medida de protesta se mantiene en 22 puntos, concentrados principalmente en el departamento central de Cochabamba, región estratégica que une al oriente y occidente del país.
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Los bloqueos han impedido la provisión de combustible y de productos, causando escasez y subida de precios, con pérdidas económicas que bordean los 1.200 millones de dólares, de acuerdo con los cálculos hechos por el Poder Ejecutivo.
Según el mapa de transitabilidad de la estatal Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), los bloqueos se concentran principalmente en el departamento de Cochabamba (centro), con 18 puntos cerrados, seguido de dos bloqueos en Oruro (oeste), uno en Potosí (suroeste) y otro en Santa Cruz (este).
El presidente del Comité Cívico de Cochabamba que agrupa a instituciones civiles de la región, Apolinar Rivera, pidió al gobierno declarar estado de excepción para restablecer el orden en las carreteras.
«La única forma de liberar las vías es mediante un estado de excepción, ya que la Policía no ha tenido la capacidad de hacerlo», indicó Rivera.
Productores locales hacen filas y madrugan para acceder al puente aéreo habilitado por el gobierno, con el objetivo de trasladar sus productos a Santa Cruz y La Paz en vísperas de la celebración de Todos Santos el 1 y 2 de noviembre.
Por su parte, el dirigente de los Gremiales de El Alto, Toño Siñani, anunció una movilización para este martes 29 de octubre, con la finalidad de exigir la intervención militar en la región del Chapare, donde los bloqueos y amenazas de violencia han intensificado la tensión.
Según el dirigente, los bloqueos han causado la pérdida casi total del capital de su sector, con productos que se pudren en las carreteras.
Diversos sectores, activistas y vecinos de La Paz se reunirán este martes en el atrio de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) para llevar a cabo un cacerolazo, en protesta contra la inflación de la canasta básica, la falta de combustible, la escasez de dólares, además de expresar su rechazo a los bloqueos.
Denuncias contra Morales
A su vez, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) de Santa Cruz, Vicente Cuéllar, presentó una denuncia contra Morales por terrorismo y alzamiento armado, al argumentar que los bloqueos y enfrentamientos han dejado heridos y han intensificado la crisis en el país.
Por su parte, el dirigente de la Confederación del Transporte Pesado Nacional e Internacional, Domingo Ramos, anunció la presentación de un recurso de Acción Popular contra Morales y otros dirigentes del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), en un intento por restaurar el libre tránsito en Bolivia.
Advirtió que el sector del transporte se encuentra al borde de la quiebra, con cientos de vehículos varados por más de 15 días en puntos de bloqueo.
Este contexto plantea un escenario de creciente conflictividad en Bolivia, donde la presión sobre el Gobierno del presidente Luis Arce aumenta ante la demanda de acciones concretas para resolver una crisis que ya afecta a varios sectores y regiones del país.
Las medidas de fuerza comenzaron el 14 de octubre, como un intento de impedir la detención de Morales por acusaciones de estupro, que sus seguidores consideran parte de una persecución política.
Posteriormente, los manifestantes presentaron un pliego petitorio que en un inicio estaba integrado por 18 puntos, sin embargo, este se redujo la semana pasada a 13, entre los cuales destaca la exigencia de habilitar a Morales como candidato para las elecciones del próximo año.
