La consulta para la reforma del sistema de justicia ha puesto sobre la mesa diferentes propuestas de abogados y especialistas en la materia, quienes coinciden en la necesidad de establecer acciones orientadas a retomar la eficiencia, ética e independencia del Poder Judicial.
Norma Delgado, vicepresidenta de la Federación de Abogados en Venezuela, considera que, mientras los jueces no sean autónomos, independientes, imparciales y designados por méritos suficientes para ejercer el cargo, en cumplimiento de la ley, no habrá garantía para nadie de respeto a sus derechos.
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«No es un problema solo de la justicia penal, donde los tribunales han perseguido, detenido y condenado a los ciudadanos por pensar distinto, donde el retardo procesal hace interminables los procesos; se trata de un problema del sistema de justicia en general y estructuralmente del sistema político que gobierna a Venezuela«, dijo la especialista yaracuyana.
Delgado dijo que ejemplo de ello ha sido que, durante más de 20 años, las salas Político Administrativas, Constitucional ni Electoral del Tribunal Supremo de Justicia han dictado una sentencia importante que haya protegido a un ciudadano que tenga un conflicto con el Estado.
«Nadie que demande al Estado, a sus instituciones por la vulneración de sus derechos y garantías resulta protegido por el Poder Judicial; todas las sentencias son a favor del Gobierno. Y ello, sin duda, ha destruido la institucionalidad democrática».
Considera que, para cambiar este sistema de justicia «Venezuela no necesita en este momento reformas judiciales, sino democracia para producir la reinstitucionalización del país. No hay reforma puntual que tenga una solución mágica; la única solución es respetar la voluntad soberana del pueblo, que debe expresarse en las urnas de votación con unas condiciones electorales que además permitan validar su decisión».
El problema es estructural
Por su parte, para el abogado David Lozsán la actual crisis que atraviesa la administración de justicia penal en el país no responde únicamente a carencias presupuestarias o de índole normativa, sino a un problema estructural profundo, por lo que considera que este proceso no debe limitarse a una simple modificación de leyes, sino transformarse en una política nacional de fortalecimiento institucional y reinstitucionalización de la República.
«La justicia no puede depender de afinidades políticas, intereses particulares o presiones jerárquicas indebidas. Debe servir exclusivamente a la Constitución y a los ciudadanos», aseveró Lozsán.
La experiencia comparada demuestra que los sistemas judiciales más respetados del mundo no son necesariamente aquellos que poseen más leyes o procedimientos, sino aquellos que garantizan la actuación independiente, ética e imparcial de sus operadores judiciales, dijo.
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Ante esta situación, el jurista propone diversas propuestas, entre ellas la reactivación urgente del Sistema de Carrera Judicial y Fiscal basado exclusivamente en el mérito, esto a través de concursos públicos, transparentes y auditables. Asimismo, plantea la creación de un Observatorio Nacional de Ética y Calidad Institucional para evaluar de forma independiente el desempeño de los operadores jurídicos.
También exige la separación definitiva entre la función jurisdiccional y la actividad político-partidista, garantizando estabilidad laboral y protección a jueces, fiscales y defensores frente a presiones o represalias externas.
Para erradicar la «justicia tardía», Lozsán promueve un control estricto sobre el diferimiento de audiencias, el fortalecimiento de la oralidad y la realización de auditorías de gestión pública con indicadores de productividad visibles al ciudadano.
También aboga por dotar de mayor autonomía y capacidad presupuestaria a las direcciones administrativas regionales para que las circunscripciones judiciales de cada estado puedan dar respuesta oportuna a las necesidades físicas y de infraestructura local.
Añadió que las direcciones administrativas regionales deben disponer de más capacidad de gestión para responder oportuna y activamente a las necesidades locales de cada circunscripción judicial.
«La infraestructura constituye el soporte físico del sistema de justicia. Sin instalaciones adecuadas resulta imposible alcanzar estándares modernos de funcionamiento«, destacó.
El abogado instó a la ciudadanía organizada y a la comunidad jurídica a participar activamente en el debate, recordando que la verdadera reconstrucción institucional del país comenzará cuando se garantice que cada operador de justicia actúe con plena autonomía, moralidad y total apego a los principios republicanos.
«La consulta nacional para la reforma del sistema de justicia penal representa una oportunidad histórica para asumir con honestidad intelectual la necesidad de transformar aquellos aspectos que han limitado la capacidad del sistema para responder eficazmente a las necesidades de los ciudadanos», enfatizó.
Dijo que es necesario hacer entender que la reforma de la justicia penal no debe concebirse como un simple proceso de modificación normativa.
«Debe constituir una política nacional de fortalecimiento institucional orientada a garantizar la independencia judicial, la transparencia pública, la profesionalización del talento humano, la modernización tecnológica, la descentralización administrativa y la efectiva protección de los derechos fundamentales», concluyó.
