El Gobierno de Venezuela ha propuesto este martes 17 de febrero una «negociación de buena fe» con Guyana sobre el Esequibo, si bien ha reiterado que Caracas «jamás renunciará a sus derechos y títulos históricos» con respecto al disputado territorio que a día de hoy administran las autoridades guyanesas.
Con motivo del 60° aniversario de la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966, las autoridades venezolanas han señalado en un comunicado que «el único camino posible para la solución de la controversia territorial es entablar definitivamente una negociación de buena fe».
En este sentido, han subrayado que el diálogo podría llevar al «arreglo práctico, aceptable y satisfactorio para ambas partes al que se comprometieron en el Acuerdo de Ginebra», definido por Caracas como «único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución mutuamente aceptable de la controversia territorial».
«La República Bolivariana de Venezuela ratifica que, en apego al mandato popular emanado del referéndum del 3 de diciembre de 2023, jamás renunciará a sus derechos y títulos históricos sobre la Guayana Esequiba, la cual ha sido, es y será parte de la integridad territorial de Venezuela», han sentenciado.
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El Gobierno ha destacado que Caracas, «durante las seis décadas de vigencia» del acuerdo, ha demostrado «su absoluto compromiso con el cumplimiento» de las obligaciones del pacto, mientras que, por el contrario, Guyana «ha violentado y desconocido» el texto firmado entre las partes.
Así, ha señalado que ha «frustrado de mala fe procesos de buenos oficios» y ha intentado «obtener títulos territoriales que nunca ha poseído a través de una irrita demanda unilateral ante la Corte Internacional de Justicia, que carece de jurisdicción para dirimir esta controversia».
El territorio está administrado por Guyana conforme a un laudo arbitral de 1899. Georgetown considera que la zona fue adquirida por Reino Unido a través de un acuerdo con Países Bajos en 1814 y que Venezuela tiene que aceptar las fronteras marcadas por el llamado Laudo Arbitral de París de 1899.
Por su parte, Venezuela defiende que el vigente Acuerdo de Ginebra reconoce las demandas venezolanas de que el laudo fue un supuesto arreglo político entre los británicos y el jurista ruso Friedrich Martens, que formaba parte del tribunal y cuyo voto fue decisivo para el fallo.
