El abogado y activista de derechos humanos yaracuyano Eduardo Torres acudió este lunes 13 de abril a la sede de la Defensoría del Pueblo para consignar un documento con exigencias urgentes en materia de libertades civiles, de acuerdo a publicación de Tal Cual.
Torres, acompañado por familiares de detenidos y sectores gremiales, solicitó formalmente el establecimiento de una mesa de trabajo permanente con la defensora Eglée González Lobato para abordar la situación de los ciudadanos bajo arresto por motivos políticos.
El petitorio entregado consta de seis puntos fundamentales que buscan frenar la persecución y garantizar el derecho a la justicia. Entre las demandas principales destaca la solicitud de libertad inmediata para todos los presos por razones políticas y la derogación de instrumentos legales que, a juicio, se utilizan para criminalizar la disidencia, tales como la Ley contra el Odio y la Ley Antiterrorismo.
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Durante la actividad, Torres enfatizó la necesidad de que el Estado venezolano garantice el respeto estricto al artículo 68 de la Constitución, el cual consagra el derecho a la manifestación pacífica. El abogado denunció el uso de la fuerza pública para reprimir las demandas ciudadanas y exigió que las fuerzas de seguridad operen bajo los estándares internacionales de derechos humanos
La agenda presentada también incluye la defensa de los derechos de los trabajadores. Torres pidió el cese inmediato de los despidos por razones políticas y el cese del acoso contra los dirigentes sindicales que reclaman mejoras salariales. Según el activista, el sistema de justicia no debe actuar como un obstáculo para las reivindicaciones socioeconómicas de la población.
Tras la entrega del documento, se informó que el equipo de la Defensoría del Pueblo pautó una reunión con los solicitantes para mañana. En ese encuentro, Torres y los familiares esperan obtener respuestas concretas sobre el cronograma de revisiones de medidas cautelares y el estado de salud de los detenidos en los distintos centros de reclusión del país.
La acción de este lunes forma parte de una jornada de presión ciudadana que busca que las instituciones del Estado asuman su rol de garantes de los derechos fundamentales. Para Torres, la nueva gestión de la Defensoría tiene la oportunidad de desmarcarse de políticas anteriores y priorizar la atención a las víctimas de detenciones arbitrarias, destacan en la publicación.
