En el marco del proceso de renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) derivado de los acuerdos de diálogo nacional, 10 organizaciones de la sociedad civil venezolana presentaron este miércoles 23 de septiembre en Caracas una propuesta técnica para evaluar a los apirante al Comité de Postulaciones Judiciales (CPJ).
El objetivo principal es garantizar que la selección de los 12 representantes de la sociedad civil —que integrarán el comité junto a 11 diputados— no sea un mero trámite formal, sino un proceso público, auditado y transparente.
Las organizaciones exigen que la contraloría social comience desde la propia Comisión Preliminar encargada de preseleccionar a los candidatos.
Leer también: Delsa Solórzano: Ojalá que el próximo podio en la ONU sea con un presidente legítimo
Según el documento, este grupo debe actuar con pluralidad política y conocimiento especializado para evitar el control hegemónico de un solo sector. Para ello, plantean una matriz de evaluación que pondere de forma integral la independencia, idoneidad, trayectoria profesional en derechos humanos o justicia, legitimidad institucional y representatividad territorial, de género y generacional fuera de la capital.
Asimismo, la propuesta sugiere auditar exhaustivamente los posibles conflictos de interés de los aspirantes, revisando contratos, cargos públicos o sanciones internacionales por violaciones a los derechos humanos.
Organizaciones como Provea, Acceso a la Justicia, Cepaz, Justicia Encuentro y Perdón, Civilis, entre otras, enfatizaron que la publicación de un baremo objetivo de puntuación permitirá medir con idoneidad quiénes son los ciudadanos más capacitados para elegir a los próximos magistrados del país.
