La plenaria de la Asamblea Nacional (AN) aprobó, en segunda discusión, finalmente este martes 10 de noviembre la reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico de 119 artículos, nueve disposiciones transitorias y una disposición final. Las tarifas del consumo eléctrico serán indexadas y también habrá una política de subsidio.
De acuerdo a Efecto Cocuyo, el jefe del parlamento Jorge Rodríguez subrayó que, pese a que el instrumento legal abre la participación a la empresa privada en el sector eléctrico, no implica privatización del servicio para los consumidores.
“Se estableció un régimen sancionatorio adecuado y las garantías que tendrán los privados para participar. No es privatización, sino ampliación para que los privados también puedan prestar servicio sobre todo para grandes consumidores y que el Estado se concentre en los sectores más vulnerables”, reiteró al término de la sesión.
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Indicó que las tarifas por consumo estarán indexadas a la moneda de mayor valor establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV), pero que habrá una política de subsidios para quienes no puedan pagar.
La AN necesitó cuatro sesiones para discutir el instrumento jurídico, al cual la bancada del Grupo Libertad hizo observaciones de forma y de fondo, especialmente por considerar que se menoscaban las competencias de los municipios.
En la sesión pasada, la diputada Nora Bracho (UNT) denunció que el texto de la ley llevado a la Cámara no fue el mismo que se aprobó en la Comisión Mixta que abordó la materia.
La ley entrará en vigencia formal una vez completado el acto de promulgación ejecutiva y su posterior publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Multas para infractores y penas de prisión
El tramo final del instrumento legal discutido en la Cámara está relacionado con la sanciones por infracción a la ley que van desde multas, medidas como demolición de estructuras, hasta prisión por delitos tipificados.
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La Superintendencia del Sistema Eléctrico Nacional (Sisen), instancia creada en la ley, es la encargada de iniciar averiguaciones y aplicar sanciones (artículo 101). Las penalidades varían según el infractor y la gravedad del hecho.
Sanciones a empresas operadoras y personal
Infracciones graves (Art. 102): multas de hasta el 2 % de los ingresos brutos del año anterior por incumplir normas de instalaciones, ignorar a la autoridad, bloquear inspecciones, interrumpir servicios sin cumplir requisitos o aplicar tarifas no autorizadas. Infracciones menos graves (Art. 103): multas de 0,2 % de los ingresos brutos por incumplimientos ocasionales.
Multas indexadas: entre 1.000 y 10.000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor del BCV.
Revocación (Art. 105): para autogeneradores mayores a 2 MW que nieguen suministro en estados de excepción.
Sanciones a usuarios (Art. 106): castigos basados en múltiplos del tipo de cambio oficial según la infracción.
Uso o consumo no autorizado: de 50 a 50.000 veces el tipo de cambio.
Equipos que causen perturbaciones: de 500 a 50.000 veces.
Alteración de medidores o reventa de energía: de 100 a 50.000 veces.
Penas de prisión
Revelación de secretos del SEN (Art. 116): prisión de 8 a 16 años (con críticas de expertos por posible uso discrecional).
Sabotaje eléctrico (Art. 117): prisión de 4 a 8 años por interrumpir intencionalmente el servicio a nivel nacional o parcial.
Hurto de energía o equipos (Arts. 118 y 119): prisión de 2 a 6 años (aplicable a hurtos con fines de lucro superiores a 5.000 kWh/mes o robo de infraestructura).
