La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) expresó este domingo 10 de mayo su «profunda consternación y dolor» por la muerte bajo custodia del Estado de Víctor Quero Navas el año pasado, reconocida esta semana por el Gobierno tras meses de búsqueda por parte de su madre, y exigió determinar las responsabilidades penales y administrativas.
En un comunicado difundido a propósito del Día de la Madre, la organización católica instó al Ministerio Público (MP, Fiscalía) y a la Defensoría del Pueblo a actuar con verdadera autonomía e independencia. «Es imperativo determinar las responsabilidades penales y administrativas de aquellos funcionarios que, por acción u omisión, permitieron que un joven venezolano muriera en el olvido, sin acceso a su familia y privado del debido proceso», señaló.
La CEV se solidarizó con la madre, Carmen Navas, y dijo que ella «personifica el viacrucis de tantas familias venezolanas». «Su incansable búsqueda, marcada por el hostigamiento y la incertidumbre, es un grito que clama al cielo. La Iglesia se solidariza con el dolor de quienes buscan la verdad en medio de la opacidad institucional», expresó.
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Además, la conferencia recordó que el Estado «tiene el deber moral y jurídico irrenunciable de garantizar la vida e integridad física de los privados de libertad».
Por otra parte, señaló como «signos de una falta de transparencia y probidad» por parte de las autoridades que el preso por razones políticas «haya fallecido en julio de 2025 mientras el Estado suministraba información contradictoria a su familia».
«El hecho de que se negara su paradero en recintos como El Rodeo I, mientras ya había fallecido, constituye una falta gravísima a la ética pública. Esta ocultación deliberada configura elementos de desaparición forzada, un delito que la justicia no puede ni debe ignorar», aseveró.
Con respecto a la exhumación realizada el viernes, la CEV hizo un llamado a que expertos internacionales «validen los hallazgos para esclarecer la verdad, determinar responsabilidades penales por la desaparición forzada y detener la crueldad institucional que revictimiza» a la madre.
El Ministerio del Servicio Penitenciario confirmó la muerte el jueves e indicó que se encontraba recluido en la cárcel El Rodeo I, cercana a Caracas, desde el 3 de enero de 2025, y que había sido trasladado a un hospital el 15 de julio del mismo año, tras presentar «hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo».
