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viernes, agosto 1, 2025
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Exigen justicia para yaracuyanas que tienen un año detenidas por conflicto poselectoral

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En el comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), ubicada en Nirgua, se encuentran detenidas dos mujeres por el conflicto poselectoral  ocurrido el 29 de julio del año pasado.

Han transcurrido 12 meses y tres días hasta hoy de dicha situación, y familiares de las investigadas aseguran que el proceso judicial ha sido lento, al punto que no dan inicio a la audiencia de juicio, «hemos estado esperando que fijen fecha para el acto, insistentemente acudimos a Caracas para entregar cartas en la fiscalía del Ministerio Público y tribunales, pero no recibimos respuesta», dijo la madre de una de las jóvenes. No se identificó.

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Añadió que todo esto la tiene desmotivada, porque ha tratado de confiar en el proceso judicial de Venezuela, «pero no veo luz. Muchos han salido en libertad, pero mi hija y su compañera no han sido tomadas en cuenta», sostuvo.

Al mismo tiempo, dijo que tanto la fiscalía como el tribunal con competencia en el caso son de Caracas y, por ende, el caso  es de allá, «tal vez esto hace todo más lento, porque como estamos lejos y ellas están recluidas es en un comando militar, pero no es justo lo que está ocurriendo con ellas», añadió.

Las protestas fueron en todos los municipios del estado Yaracuy

Las mujeres son madres, una de ellas es del municipio La Trinidad, tiene tres hijos y perdió su empleo cuando la detuvieron el 29 de julio, al momento que regresaba a su casa.

La otra fue aprehendida en San Felipe junto a su hijo, un joven de 18 años, quien se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Tocorón, estado Aragua.

«Como ese joven hay otros yaracuyanos que siguen presos en Tocorón, uno en el CICPC de Yaritagua y las dos mujeres en Nirgua. Desconozco la cantidad de presos por situación poselectoral, porque varios han sido liberados, pero otro lote continúa a la espera de recibir buenas noticias», añadió una de las familiares que aportó la información.

En este sentido, hicieron un llamado a los órganos de justicia para que se aboquen a la situación y tomen en cuenta a los que están presos en los centros de detención preventiva, «ellos también merecen ser atendidos y recibir beneficios procesales, porque no cometieron delito, son acusados de terrorismo, incitación al odio, asociación para delinquir y daño a la nación, pero son inocentes», consideraron.

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