La Fiscalía de Bolivia emitió este miércoles una orden de captura contra el exmandatario Evo Morales, dentro de un proceso iniciado por su supuesta implicación en las protestas sociales ocurridas entre mayo y junio con las que algunos sectores exigieron la renuncia del presidente del país, Rodrigo Paz.
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La orden, dictada por el fiscal Brayan Melgar, señala a Morales por los supuestos delitos de “alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos”.
La denuncia fue presentada a principios de julio por los líderes cívicos de Santa Cruz, la región más poblada y el motor económico de Bolivia, a la que posteriormente se sumó el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo.
La acción legal también incluye al máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Marco Argollo, y el principal líder de los campesinos de La Paz, Vicente Salazar, quien cumple detención preventiva desde el pasado 6 de julio por otra investigación por estos mismos sucesos.
“No me intimidan”
El expresidente de Bolivia Evo Morales respondió a los minutos de conocerse la orden de captura en su contra asegurando, que no le van a intimidar: “Hoy (miércoles) el gobierno emite una nueva orden de aprehensión en mi contra, acusándome de supuestos delitos de terrorismo y alzamiento armado”, escribió Morales en X.
A su juicio, el Gobierno busca responsabilizarlo “de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social, fruto de un modelo que ha abandonado al pueblo y protege la corrupción”.
