Luego de más de 12 horas de litigación, Fátima Veloz, jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó la madrugada de este jueves medidas de coerción a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario por el derrumbe de la discoteca Jet Set, donde fallecieron 235 personas, entre estas el cantante Rubby Pérez, y más de 180 resultaron heridos, reseñó Diario Libre.
La jueza Veloz impuso una garantía económica de 50 millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida para ambos.
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Habla el abogado defensor
Miguel Valerio, abogado de los Espaillat, valoró como válida la medida, al considerar que sus clientes siempre estuvieron dispuestos a colaborar con la investigación y brindaron asistencia a parte de los afectados.
«Aquí hay una realidad, una realidad objetiva, nadie en la calle que cometa cualquier situación, en una medida de coerción tiene que ser declarado culpable o inocente, ese es el gran aprendizaje. El gran aprendizaje es lo que dijo la jueza, las medidas de instrucción tienen un carácter instrumental para que se presenten al proceso, y el señor Espaillat se ha presentado a todas«, manifestó Valerio.
Dijo que estudian el peritaje presentado por el Ministerio Público y que fijarán posición.
En la audiencia había casi 80 afectados en calidad de querellantes. Otros 40 acordaron con los propietarios de Jet Set para no demandar en la parte civil.
Ministerio Público apelará
De inmediato, Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, informó que apelará la decisión, porque, según consideró, la jueza no valoró el daño a la sociedad, «sobre todo, a 235 personas que murieron«.
El Ministerio Público solicitó imposición de prisión preventiva como medida de coerción para Antonio Espaillat y domiciliaria para su hermana.
Camacho resaltó que todos las partes valoraron la investigación del Ministerio Público y recordó la necesidad de la aprobación de un nuevo Código Penal para enfrentar estos tipos de problemas que afectan a la sociedad.
Los abogados de los afectados, de su lado, pedían que se cambie la acusación como homicidio voluntario y que se imponga prisión preventiva.
Comunicado de la familia
A través de una carta pública, la familia Espaillat se pronunció por primera vez tras el colapso del techo en el club nocturno Jet Set, ocurrido el pasado 8 de abril, que dejó un saldo trágico de víctimas mortales y decenas de heridos. En el comunicado, sus miembros aseguraron que han guardado silencio por respeto al dolor ajeno y por prudencia ante el proceso judicial en curso, pero consideran necesario aclarar versiones inexactas que han circulado en los medios.
Según la familia, el empresario Antonio Espaillat, propietario del establecimiento, se encontraba fuera del país al momento del incidente, participando en una actividad internacional. No obstante, indicaron que retornó voluntariamente el mismo día a República Dominicana y se ha mantenido a disposición de las autoridades desde entonces.
«Se ha colaborado plenamente con la investigación», señala el comunicado, al detallar que se solicitó formalmente el secuestro del inmueble para preservar la evidencia estructural, se propusieron peritajes con expertos internacionales y se entregaron voluntariamente documentos, pasaportes y datos relevantes al proceso.
La familia afirma haber brindado asistencia directa a más de 40 personas afectadas, sin condiciones ni publicidad. “Lo hicimos y lo seguiremos haciendo porque es lo correcto”.
